En las últimas semanas, diversas propuestas políticas en Estados Unidos han captado la atención por su aparente regreso a prácticas del pasado. Desde aranceles proteccionistas hasta una política de expansión territorial y la flexibilización de leyes laborales para adolescentes, el panorama político actual recuerda a épocas previas de la historia estadounidense. Esta tendencia, promovida en gran medida por el Partido Republicano y el presidente Donald Trump, se extiende también a áreas como el uso de energías fósiles, la reducción de derechos civiles y la limitación del Estado del bienestar. Un auténtico viaje en el tiempo que es digno de ser analizado.
Aranceles y proteccionismo: Un eco de la Gran Depresión
Uno de los anuncios más impactantes de la administración de Trump ha sido la imposición de aranceles altísimos a cualquier producto extraído o producido fuera de EE.UU. Esta medida, que entró en vigor el 2 de abril, busca fomentar la producción nacional y reducir la dependencia de la industria automotriz extranjera. Además, se ha anunciado una nueva ronda de aranceles denominada «The Big One», que afectará a sus principales socios comerciales, incluyendo la Unión Europea, México, Canadá, China y Japón.
Este proteccionismo no es nuevo: recuerda a la Ley Arancelaria de Smoot-Hawley de 1930, firmada por el presidente Herbert Hoover. Esta medida, en un intento por proteger la industria estadounidense en el seno de la Gran Depresión, elevó los aranceles a niveles récord. Sin embargo, esta medida consiguió el efecto contrario: provocó represalias comerciales y agravó la crisis económica que golpeaba el país desde 1929. Un paralelo adicional es el Arancel McKinley de 1890 y gran referente de Trump, que buscaba impulsar la producción nacional mediante medidas proteccionistas, al igual que lo hace la administración actual.
Además de sus implicaciones económicas, estas políticas proteccionistas pueden afectar las relaciones diplomáticas con los principales socios comerciales de EE.UU. La imposición de aranceles podría generar represalias que impacten a la industria agrícola y tecnológica del país, sectores que dependen en gran medida del comercio exterior. Si bien los aranceles buscan beneficiar a la manufactura estadounidense, su efecto a largo plazo podría ser un aumento en los costos de producción y una disminución en la competitividad global de EE.UU.
Expansionismo territorial: La sombra del Destino Manifiesto
La segunda polémica discursiva que ha marcado a la nueva administración ha sido el resurgimiento de una política de expansión territorial. Trump ha propuesto la compra de Groenlandia a Dinamarca y ha sugerido la posibilidad de usar la fuerza para anexionarse tanto esta como el Canal de Panamá. También ha amenazado con presiones económicas para integrar a Canadá como un estado más de EE.UU.
Estas propuestas evocan la doctrina del Destino Manifiesto, promovida en el siglo XIX bajo la presidencia de James K. Polk. Durante su mandato, EE.UU. anexó Texas, adquirió Oregón y ganó la Guerra con México, lo que resultó en la adquisición de California y el suroeste estadounidense. Asimismo, la compra de Alaska en 1867 bajo Andrew Johnson recuerda el afán expansionista, al igual que la idea de Trump de adquirir Groenlandia.
El expansionismo territorial siempre ha sido un punto de fricción en la política exterior de EE.UU., ya que genera reacciones negativas tanto dentro como fuera del país. En el caso de Groenlandia, la oposición danesa y la complejidad geopolítica de la región hacen que la propuesta sea poco viable. Sin embargo, el simple hecho de plantear estas iniciativas refuerza la retórica nacionalista y el deseo de proyectar poder global, dos elementos clave en la estrategia política de Trump.
Trabajo infantil y desregulación laboral: Un regreso al siglo XIX
En Florida, el senador Jay Collins y el gobernador Ron DeSantis han impulsado la ley SB 918, que permite a adolescentes de 14 a 17 años trabajar más horas, incluso en turnos nocturnos, con una exención escolar. Esta medida, justificada como una respuesta a la escasez de trabajadores en sectores como la agricultura y la hostelería, ha sido criticada por grupos de derechos laborales.
El trabajo infantil fue una práctica común en EE.UU. hasta las reformas de principios del siglo XX, promovidas por Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson. La Ley Keating-Owen de 1916 intentó restringir esta explotación, aunque fue declarada inconstitucional. No fue hasta la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, que se establecieron restricciones significativas. La legislación actual en Florida parece un retroceso a la era pre-reformas laborales.
Las implicaciones de esta legislación van más allá de la simple ampliación de horarios laborales para menores. La falta de regulaciones estrictas podría exponer a los adolescentes a condiciones laborales peligrosas, bajos salarios y explotación. Además, el debilitamiento de las normas laborales puede sentar un precedente para otras legislaciones estatales que busquen reducir las protecciones para los trabajadores más vulnerables.
Energías fósiles y desregulación ambiental: Un cambio de rumbo
Otro aspecto clave en esta tendencia hacia el pasado es la política energética republicana. Trump ha declarado una emergencia energética nacional para aumentar la explotación de petróleo y gas. EE.UU. ya es el mayor proveedor mundial de gas natural licuado (GNL) y planea incrementar su producción en un 60% durante su segundo mandato. Además, ha anunciado el retiro del Acuerdo Climático de París, una decisión que recuerda a su primera administración.
Este enfoque rememora la era de las grandes compañías petroleras del siglo XX, cuando las regulaciones medioambientales eran prácticamente inexistentes. El Proyecto 2025, impulsado por grupos conservadores, también propone reducir drásticamente las regulaciones ambientales para favorecer la industria de combustibles fósiles.
Si bien esta política puede fortalecer la independencia energética de EE.UU., también conlleva riesgos ambientales considerables. La aceleración en la explotación de combustibles fósiles podría aumentar significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que agravaría el cambio climático. Además, la eliminación de regulaciones puede aumentar la contaminación en comunidades vulnerables, generando conflictos sociales y de salud pública.
Reducción de derechos civiles y políticas sociales
Las restricciones en derechos reproductivos y LGBTQ+ han sido otra línea de acción del Partido Republicano. Aunque la posición oficial del partido no aboga por una prohibición nacional del aborto, deja la decisión en manos de los estados, lo que ha llevado a restricciones severas en varias jurisdicciones. Además, se han eliminado protecciones legales contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Este retroceso en derechos civiles recuerda la época anterior al movimiento de derechos civiles de los años 60, cuando las legislaciones estatales imponían restricciones a diversas comunidades. La eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión también se asemeja a políticas previas a la era de los derechos civiles.
El impacto de estas medidas podría extenderse a otros ámbitos, como la educación y el empleo. La restricción de derechos civiles no solo afecta a las minorías, sino que también podría desincentivar la inversión de empresas que buscan entornos inclusivos y diversos.
Limitación del estado del bienestar y reducción del gasto social
La estrategia republicana de 2025 busca reducir el gasto en programas sociales mientras se favorecen recortes de impuestos para las empresas y las rentas más altas. Un ejemplo concreto es la propuesta de recortes en Medicaid y Medicare, destinada a limitar la cobertura para millones de personas de bajos ingresos, siguiendo la narrativa de que estos programas son financieramente insostenibles.
Esta táctica recuerda a la administración Reagan, que justificó sus recortes con argumentos similares, aunque al mismo tiempo aumentó el gasto militar, una paradoja que también se observa en las actuales propuestas republicanas, que buscan incrementar significativamente el presupuesto de defensa. Mientras tanto, el impacto de estas políticas sobre las comunidades más vulnerables suele ser minimizado en el debate político, pese a la evidencia histórica que muestra que las reducciones en bienestar social tienden a generar crisis de pobreza y exclusión.
Durante su presidencia, Reagan promovió la idea de que el gobierno federal debía reducir su intervención en la economía y minimizar su papel en la asistencia social. Bajo este principio, su administración implementó recortes masivos en programas como Medicaid, cupones de alimentos y subsidios para la vivienda, con el argumento de que estos fomentaban la «dependencia del gobierno» y desincentivaban el trabajo.
Estas políticas fueron presentadas como una estrategia para equilibrar el presupuesto y fomentar el crecimiento económico, pero en la práctica afectaron a millones de personas, aumentando la pobreza y la desigualdad. El enfoque de Reagan estableció un modelo para futuros intentos de limitar el estado del bienestar, como el que actualmente buscan implementar los republicanos a través de medidas que restringen el acceso a beneficios sociales.
En conclusión
De este modo estamos asistiendo a una reversión de las políticas públicas seguidas por las administraciones americanas hasta ahora: desde el proteccionismo arancelario hasta la expansión territorial, pasando por la flexibilización del trabajo infantil y la eliminación de regulaciones ambientales, estas iniciativas parecen desandar el camino de las reformas del siglo XX. La historia muestra que muchas de estas políticas tuvieron consecuencias económicas y sociales adversas. ¿Se repetirán los mismos errores o esta estrategia traerá una nueva era de crecimiento?
Iván Sánchez Marañón 
Abel Gómez Arévalo 
Yago Jiménez Bean
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