Trump lleva ya un año de su segunda presidencia. Más allá de polémicas y crisis mediáticas, presentamos cinco políticas que, bajo el radar, están transformando Estados Unidos.
Donald Trump no solo domina el ciclo informativo con sus declaraciones o propuestas electorales; su capacidad para implementar su agenda política es un hecho tangible. Un año después de su regreso a la presidencia, ha superado con creces las expectativas que generó en su primer mandato. Lo que antes eran titulares excepcionales se ha convertido en la nueva normalidad.
Más allá de la revolución económica y geopolítica que ha impulsado, Trump está reconfigurando el país desde dentro. Cambios estructurales —menos mediáticos pero igual de profundos— podrían alterar el futuro de Estados Unidos de manera irreversible. Este artículo analiza cinco acciones clave que, aunque no siempre ocupen portadas, merecen atención especial.
1. La «recarbonización» de Trump
Donald Trump no solo resucitó el eslogan del «hermoso y limpio carbón» como bandera de su política energética: en su segundo mandato, lo ha convertido en una estrategia de acción. El presidente busca revivir una industria en declive mediante la modernización de centrales obsoletas y la apertura de nuevas explotaciones mineras en tierras federales.
El secretario de Energía, Chris Wright, ha sido clave en este plan. Usando poderes de emergencia, ha frenado el cierre de centrales de combustibles fósiles con décadas de funcionamiento, algunas al borde del colapso. Entre las beneficiadas destacan plantas de carbón en Michigan y Washington, así como instalaciones de gas y petróleo en Pensilvania. Su última medida, anunciada justo después de bloquear cinco grandes parques eólicos marinos, salvó in extremis una central de carbón en Colorado, cuya clausura estaba prevista para el día siguiente.
La administración justifica estas decisiones como esenciales para contener el alza de los precios de la electricidad (que se han disparado en todo el país) y garantizar el suministro ante una demanda energética en crecimiento. Sin embargo, los críticos advierten: mantener abiertas estas centrales es insostenible. No solo son ineficientes económicamente, lo que encarece la factura de los consumidores, sino que su operación prolongada agravará los costos ambientales y climáticos en los próximos años, perpetuando la dependencia de un combustible contaminante.
2. La entrada de criptomonedas
Desde su aparición, los defensores de las criptomonedas han argumentado que, en un entorno regulado, estos activos digitales podrían redefinir el sistema financiero moderno. Sin embargo, su desarrollo ha estado marcado por desafíos como fraudes recurrentes, alta volatilidad y escepticismo institucional —especialmente en Washington— lo que ha limitado su integración en la economía tradicional.
En este contexto, la administración de Donald Trump (que en el pasado mostró reservas hacia los activos digitales) ha impulsado un cambio normativo que podría facilitar su adopción masiva. En julio, tras reunirse con actores clave del sector en la Casa Blanca, Trump promulgó la ley GENIUS, una iniciativa bipartidista que establece un marco regulatorio específico para las stablecoins. Estas criptomonedas, cuyo valor está respaldado por activos estables como el dólar, son fundamentales en los mercados digitales, ya que reducen la volatilidad típica de otros tokens.
La aprobación de esta ley ha abierto la puerta a que las stablecoins se integren en el sistema financiero tradicional, incluyendo a Wall Street. Este avance podría, a largo plazo, normalizar el uso de criptomonedas en transacciones cotidianas, como la compra de bienes y servicios.
Aunque los reguladores aún trabajan en la implementación de la Ley GENIUS, el interés por las stablecoins sigue creciendo. En octubre, instituciones financieras como Bank of America, Barclays y Goldman Sachs anunciaron que exploran la posibilidad de emitir una stablecoin respaldada por monedas del G7.
3. El censo y la integridad electoral
Durante el último año, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha solicitado a 43 estados y a Washington D. C. que entreguen datos electorales sensibles, específicamente listas de registro de votantes, bajo el argumento de garantizar la integridad electoral. Según el Brennan Center for Justice, esta solicitud, sin precedentes, ha generado un conflicto legal con las autoridades estatales, muchas de las cuales sostienen que la medida podría violar la privacidad de los votantes. Hasta el momento, 23 estados se han negado a cumplir con la solicitud, aunque algunos funcionarios republicanos han accedido a proporcionar los datos.
El Departamento de Justicia ha respondido con acciones legales contra los estados de mayoría demócrata y Washington D. C. que no entregaron las listas completas. Desde el DOJ, se advierte que cualquier jurisdicción que retenga la información podría enfrentar demandas, alegando que la ley federal les otorga derecho a acceder a estos datos para asegurar la precisión de los padrones electorales. Por su parte, los funcionarios estatales argumentan que cumplir con la solicitud podría exponer información personal de los votantes, como fechas de nacimiento o números de licencia de conducir, además de que el gobierno federal no tiene autoridad para exigirla.
Este enfrentamiento ha creado una tensión sin precedentes entre el gobierno federal y las autoridades electorales estatales, que históricamente han operado con autonomía. Como señaló David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral: «Esta es una imposición extraordinaria del poder federal sobre los procesos electorales estatales, que podría sentar un precedente para futuras intervenciones, independientemente del partido en el gobierno».
El debate sobre los padrones electorales ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente tras las elecciones de 2020. Con las elecciones intermedias de 2026 en el horizonte, la presión del Departamento de Justicia para obtener estos datos ha añadido un nuevo elemento de conflicto en el panorama electoral, generando reacciones tanto de republicanos como de demócratas.
4. Trump vs. el Congreso
En el verano pasado, Russ Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, defendió públicamente el uso de las «rescisiones de bolsillo», un mecanismo que permite al presidente cancelar fondos federales sin la aprobación del Congreso. Esta práctica, criticada como potencialmente ilegal por el principal organismo de control del gobierno federal y por legisladores de ambos partidos, se basa en una interpretación controvertida de la normativa presupuestaria. Según Vought y otros asesores de Trump, si una solicitud de rescisión se envía al Congreso con menos de 45 días para el cierre del año fiscal, el presidente puede proceder a cancelar los fondos sin necesidad de su aprobación.
A finales de agosto, justo antes del regreso de los legisladores a Washington tras el receso, la Casa Blanca remitió al Congreso una solicitud para rescindir 4.900 millones de dólares en ayuda exterior y, de manera simultánea, declaró cancelado el dinero. Un mes después, la Corte Suprema avaló la decisión, permitiendo que Trump mantuviera los fondos retenidos.
Esta medida ha agudizado el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el control del gasto federal. La táctica no solo desafía los límites del poder presupuestario del Congreso, sino que también contribuyó a las tensiones políticas que derivaron en el cierre más prolongado del gobierno en la historia de EE. UU. durante el otoño.
Si el Congreso no actúa para limitar esta práctica, el presidente podría consolidar una mayor capacidad para controlar unilateralmente el gasto federal, debilitando el tradicional «poder de la bolsa» del Legislativo. Como consecuencia, la capacidad de los legisladores para alcanzar acuerdos presupuestarios se vería aún más compleja, ya que el presidente podría anular compromisos previos entre partidos, simplemente decidiendo no ejecutar fondos ya asignados.
5. Los universitarios
La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en instituciones educativas de todos los niveles en EE.UU. Como parte de esta estrategia, ahora ha iniciado una nueva línea de investigación: evaluar si las universidades están aplicando criterios discriminatorios por raza en sus procesos de admisión.
Para ello, el gobierno ha solicitado a las universidades que proporcionen datos detallados sobre los solicitantes, incluyendo información sobre raza, género, puntuaciones en exámenes estandarizados, promedios académicos y otras características relevantes. Estos datos deberán abarcar tanto a los estudiantes que aplican como a los admitidos y matriculados, así como a los participantes en programas de posgrado, a partir del presente año académico.
Las instituciones educativas han expresado preocupación por esta medida. Muchos funcionarios universitarios han solicitado a la administración que reconsidere o posponga la recolección de datos, argumentando que no podrán cumplir con los plazos establecidos sin contratar personal adicional. Además, temen que la información recopilada pueda ser utilizada para impulsar investigaciones federales o aumentar el escrutinio sobre sus políticas de admisión.
Las universidades más pequeñas y las instituciones religiosas se encuentran entre las más afectadas. Estas últimas señalan que, en un contexto de recursos limitados, cumplir con las nuevas exigencias federales representaría una carga financiera y administrativa significativa. Algunos líderes universitarios también advierten que los datos podrían interpretarse de manera sesgada, generando consecuencias legales o reputacionales para sus instituciones.
Más que cinco ideas
Estos son solamente cinco ejemplos de políticas que ya se han implementado en el país del dólar, pero quedan muchos más en el tintero (recuperación de nombres confederados para la organización militar, el uso de psicodélicos en la medicina general, reducción del Estado del bienestar, eliminación de derechos a los inmigrantes…) que merecen artículos en sí mismos.
Esto nos demuestra que el presidente Trump y su equipo no solamente saben gestionar perfectamente la agenda mediática para controlar los temas de conversación, sino que también están decididos a implantar un modelo social completamente nuevo, que ya ha introducido cambios de calado en el país y que van a ser muy difíciles de revertir.
Alejandro Hernández 
Felipe Galli 
Alejandro Muriel García