La condena al fiscal general ha desatado un terremoto político y ha reabierto el debate sobre la fortaleza del Gobierno. ¿Puede este fallo erosionar a Sánchez o, en una España polarizada, apenas moverá la aguja electoral?
El pasado jueves se conoció que el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados. Este hecho conllevará su cese inmediato, siendo la primera vez que ocurre en la justicia española. El origen del caso es la publicación de información confidencial relacionada con la investigación fiscal contra González Amador, incluyendo un correo en el que su defensa reconocía supuestos delitos.
Este fallo ha provocado un terremoto político y ha agudizado la confrontación entre el Gobierno y la oposición. El ejecutivo ha manifestado su respeto por la decisión judicial, pero públicamente ha expresado su desacuerdo con el fallo, mientras que la oposición lo ha celebrado como una «victoria del Estado de derecho», exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. La condena se enmarca, por lo tanto, en una profunda guerra política y judicial que cuestiona la supuesta instrumentalización de las instituciones por parte del Gobierno, aunque García Ortiz ha defendido su actuación, alegando que «la verdad no se filtra, la verdad se defiende».
Más allá de las implicaciones jurídicas, también debemos analizar las políticas. ¿Reducirá el fallo las expectativas electorales de Sánchez? ¿Beneficiará a PP y VOX? Para responder a estas preguntas, exploraremos escándalos políticos similares, teniendo en cuenta sus consecuencias electorales.
El final de la España socialista: los escándalos de corrupción de los noventa
En primer lugar, podemos quedarnos en España para evaluar un caso con ciertas similitudes. Tras años de mayorías absolutas, a principios de los noventa una oleada de escándalos de corrupción económica y de terrorismo de Estado socavó la credibilidad del Gobierno socialista. Los casos más notables fueron la financiación irregular del partido (Caso Filesa), el enriquecimiento ilícito del exdirector de la Guardia Civil (Luis Roldán), y, el más grave, la implicación de altos cargos del Ministerio del Interior en los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).
El Gobierno de Felipe González se resistió a adelantar elecciones, negando responsabilidad directa en los hechos. La oposición, principalmente el Partido Popular de José María Aznar, usó intensamente los casos para desgastar al Ejecutivo con mociones de censura y exigencias de dimisión.
La dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra por el escándalo de su hermano (Caso Juan Guerra) ya había marcado un antes y un después. Esto condujo a una pérdida progresiva de apoyo parlamentario y la presión social por los escándalos, que obligó a González a convocar elecciones anticipadas en 1996. Estas supusieron el fin de 14 años de gobierno socialista con la victoria por estrecho margen del PP, que consiguió una mayoría parlamentaria gracias al apoyo de la extinta Convergència i Unió de Jordi Pujol.
El escándalo americano: el caso Lewinsky
En 1998, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se vio envuelto en un escándalo tras revelarse su relación extramatrimonial con Monica Lewinsky, una becaria de la Casa Blanca. El escándalo se complicó cuando Clinton fue acusado de perjurio (mentir bajo juramento) y obstrucción a la justicia por intentar encubrir la relación.
La oposición republicana impulsó un proceso de destitución (impeachment) en la Cámara de Representantes. Clinton se disculpó públicamente por su comportamiento, admitiendo la relación en agosto de 1998, pero negando el perjurio. El proceso de impeachment fue extremadamente divisivo, paralizando la agenda legislativa durante meses.
Aunque la Cámara de Representantes aprobó los cargos, el Senado absolvió a Clinton en 1999, permitiéndole terminar su mandato. A pesar de la condena social y el daño a su reputación personal, su popularidad pública se mantuvo relativamente alta. El caso, sin embargo, dejó un precedente sobre la privacidad y el uso político de las investigaciones personales contra un presidente, y fue determinante para que su vicepresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Al Gore, perdiera la contienda contra George W. Bush en las elecciones del 2000.
La peor comunicación de crisis: Los atentados de Atocha
El 11 de marzo de 2004, tres días antes de unas elecciones generales, España sufrió su mayor atentado terrorista de la historia cuando el grupo yihadista Al Qaeda asesinó a 193 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas. El Gobierno del PP de José María Aznar, quien había apoyado activamente la guerra de Irak pese a la oposición internacional, atribuyó inicialmente la autoría a ETA, mientras que las pruebas apuntaban rápidamente al terrorismo yihadista.
El gobierno mantuvo que la autoría era de ETA, lo que fue percibido por gran parte de la opinión pública como un intento de manipulación informativa para evitar un castigo electoral por la dicha participación en la guerra. Esta persistencia generó una fuerte protesta social, convirtiéndose rápidamente en eje central de la campaña electoral en los días que quedaban hasta las elecciones.
Esta comunicación dio un vuelco demoscópico: el PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, que hasta entonces había ido por detrás en las encuestas, ganó las elecciones del 14 de marzo, poniendo fin a la era Aznar y marcando una de las transiciones de poder más abruptas e influenciadas por un evento externo en la historia democrática española.
¿Nos hemos hecho inmunes a los escándalos?
Todos estos ejemplos parecen apuntar a que este tipo de crisis suponen cierto desgaste contra el gobierno, lo que aumentaría la probabilidad de perder en las siguientes elecciones.
Sin embargo, y pese a estos casos (y otros que podrían comentarse, como el Hollande, la sentencia de la trama Gürtel, la acusación infundada a Antonio Costa…) Nate Silver, autor de “La señal y el ruido”, matiza esta idea. Este argumenta que, si bien tradicionalmente se consideraba que los escándalos políticos eran decisivos, la polarización extrema ha elevado drásticamente el umbral para que un escándalo tenga un impacto electoral significativo.
Silver analiza el caso del candidato demócrata a fiscal general de Virginia, Jay Jones, quien se vio envuelto en dos controversias: una condena por conducción imprudente y, de forma más dañina, la publicación de mensajes de texto en los que hacía comentarios violentos sobre un político republicano, incluyendo desear la muerte de su hijo para que reconsiderara su postura sobre el control de armas.
El análisis destaca que el escándalo sí ha afectado la carrera de Jones a fiscal general. Jones pasó de liderar las encuestas a ir ligeramente por detrás del republicano Jason Miyares. Sin embargo, destaca que el escándalo no ha «movido la aguja» en las carreras de mayor rango (gobernación y vicegobernación). La candidata demócrata a gobernadora, Abigail Spanberger, mantiene una ventaja considerable (entre 8 y 10 puntos) sin que las controversias de Jones la hayan arrastrado.
El artículo concluye que aunque los escándalos ya no son los asesinos de carreras que solían ser en una era menos polarizada, el de Jones ha cerrado la carrera de fiscal general, aunque parece insuficiente para afectar las contiendas de mayor jerarquía.
El paralelismo del caso expuesto por Silver con el del fiscal general recientemente condenado es evidente. Y aunque es demasiado pronto para contrastar si esta condena puede incidir en las encuestas, sí que puede adelantarse que la instrucción del caso no ha sido determinante para generar una corriente contraria al gobierno actual. Está por ver, sin embargo, si el conjunto de casos que están siendo juzgados todavía puede generar un efecto en cadena que, como el PSOE de 1995, obligue al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones anticipadas.
Yago Jiménez Bean 
Alejandro Hernández