La sentencia a muerte en ausencia de Sheikh Hasina por la sangrienta represión de las protestas estudiantiles de 2024 sacude Bangladesh y reabre el debate sobre su deriva. El país intenta cerrar las heridas.
El 17 de noviembre de 2025, un tribunal especial de Bangladesh sentenció en ausencia a la ex primera ministra Sheikh Hasina a pena de muerte por crímenes contra la humanidad. Se le responsabiliza de haber organizado y dirigido la sangrienta represión de las protestas estudiantiles ocurridas entre julio y agosto de 2024, que dejaron alrededor de 1.400 muertos. Durante esas movilizaciones también se denunció el uso de helicópteros, drones y armas letales, así como la coordinación de persecuciones sistemáticas. Hasina, refugiada en India, rechaza las acusaciones, calificando el proceso de “venganza política”. Pero, ¿quién es Sheikh Hasina? Y, sobre todo, ¿qué sucedió en 2024?
De revolucionaria a autócrata
Antes de comprender la dimensión política y simbólica que tiene la condena en Bangladesh, es necesario conocer a la propia Sheikh Hasina, una figura que marcó de forma decisiva el rumbo de Bangladesh durante décadas. Su historia está íntimamente ligada a la de su país, reflejada en las etapas de independencia y de construcción del poder estatal.
Hasina nació en un entorno estrechamente ligado a la identidad fundacional del país, ya que es hija de Sheikh Mujibur Rahman, líder de la guerra de independencia de 1971 y considerado el padre de la nación. Tras el asesinato de buena parte de su familia en 1975, su figura adquirió una dimensión simbólica que la ha acompañado durante toda su carrera política. Desde finales de los años setenta, se consolidó como referente de la Liga Awami, el partido que encarnaba el nacionalismo histórico del país.
Su ascenso definitivo se consolidó en 1996, cuando llegó por primera vez a la jefatura del gobierno. Tras ser derrotada en las elecciones de 2001, se recuperó y terminó imponiéndose con claridad en las elecciones de 2008, donde su campaña política se basó en acusar a Khaleda Zia (su mayor rival y primera ministra por más de 10 años) de fraude electoral. Desde 2009 hasta 2024 gobernó de forma ininterrumpida, convirtiéndose en una de las líderes con mayor continuidad en el sur de Asia. Durante sus primeros años, impulsó políticas de crecimiento económico, desarrollo industrial y ampliación de infraestructuras que fortalecieron su imagen de gestora eficaz.
Sin embargo, esta etapa también estuvo marcada por un progresivo deterioro institucional. Diversas organizaciones documentaron un aumento de prácticas coercitivas: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, censura y presiones sobre la oposición. En ese periodo se creó el Tribunal de Crímenes Internacionales, originalmente destinado a juzgar delitos cometidos durante la guerra de 1971. Con el tiempo, críticos del gobierno acusaron a Hasina de emplearlo para debilitar a adversarios políticos y consolidar su control sobre el aparato estatal.
El sistema político fue girando hacia una estructura más vertical, con un liderazgo centrado en su figura y un partido gobernante cada vez más dependiente de la fidelidad interna. Esta centralización del poder, junto con un clima de tensión social creciente, conformó el contexto en el que estallarían las protestas de 2024. Cuando estas comenzaron a extenderse de forma imprevista, Hasina ya era una líder con amplio control sobre la administración, pero con escaso margen para absorber una crisis social de gran magnitud. Pero, ¿qué sucedió en las protestas?
Las protestas y la sentencia
La condena judicial que hoy enfrenta Hasina está directamente vinculada al desarrollo y la represión de las protestas de julio y agosto de 2024. Estas movilizaciones, aunque repentinas en su estallido, fueron la consecuencia visible de un clima prolongado de malestar social y de la erosión del espacio político bajo su gobierno.
El desencadenante fue una decisión que afectaba directamente a miles de jóvenes: la restauración de un sistema de cuotas que reservaba un 30 % de los empleos públicos a descendientes de veteranos de la guerra de independencia. Muchos estudiantes consideraron que esta medida reforzaba privilegios políticos y limitaba el acceso a oportunidades laborales en un país donde la administración estatal sigue siendo uno de los principales motores de empleo estable.
Las protestas se originaron en varios campus universitarios y, en pocos días, se expandieron por todo el país. Lo que marcó un salto cualitativo fue la reacción del Estado. Según la investigación judicial y diversos informes independientes, las fuerzas de seguridad recurrieron muy pronto a métodos que excedían la práctica habitual: gases lacrimógenos, balas de goma y, posteriormente, munición real. A medida que la intensidad de las movilizaciones aumentaba, también lo hizo el uso de la fuerza.
El Tribunal de Crímenes Internacionales documentó órdenes para emplear helicópteros y drones armados en operaciones puntuales. Se registraron detenciones masivas, desapariciones temporales, agresiones sexuales en contextos de arresto y restricciones al acceso de periodistas y personal médico a las zonas de protesta. De acuerdo con las estimaciones presentadas durante el juicio, el número de fallecidos rondó los 1.400, aunque algunas fuentes lo sitúan incluso por encima.
El 5 de agosto se convirtió en una fecha clave: ese día murieron seis manifestantes desarmados en un tiroteo registrado en Daca, la capital del país, un episodio ampliamente difundido que aceleró el colapso político. Sectores del ejército comenzaron a distanciarse del gobierno y varios funcionarios se negaron a ejecutar órdenes relacionadas con la represión. En medio de este deterioro acelerado, Hasina presentó su dimisión y abandonó el país, exiliándose a India.
Tras su salida, un gobierno provisional abrió procedimientos contra antiguos altos cargos, lo que desembocó en el juicio de 2025. Aunque muchas familias de víctimas consideran la sentencia un avance, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han expresado su condena a la transparencia del proceso y, en particular, a la aplicación de la pena de muerte como solución a la represión de las protestas de 2024.
En conclusión, la condena a Sheikh Hasina marca un momento decisivo para Bangladesh. El país se enfrenta ahora al desafío de responder a las violencias del pasado sin reproducir errores que comprometan su futuro institucional. La tensión entre justicia, garantías legales y reparación social seguirá presente durante mucho tiempo. En este escenario complejo, emerge una incógnita que afectará al rumbo político del país: ¿puede la justicia lograr la reconciliación sin perpetuar nuevas violencias?
Alejandro Hernández 
Felipe Galli