Los hondureños llegan a unas elecciones con gran incertidumbre. De resultado incierto, nos preguntamos cuáles son las claves de estos comicios en Honduras.
El día de mañana tienen lugar las elecciones generales en Honduras. Algo más de 6,5 millones de hondureños están llamados a elegir al presidente, a los tres «designados presidenciales» (equivalente a vicepresidente), a 128 escaños del Congreso, a las autoridades de sus municipios y a los representantes del Parlamento Centroamericano.
En el artículo anterior hablamos sobre el complicado contexto en el que la nación y quiénes eran los tres candidatos que se disputan la presidencia hondureña: la oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y los opositores Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, y Salvador Nasralla del Partido Liberal. En un escenario incierto, complicado y plagado de acusaciones cruzadas, tres fuerzas políticas de escasa credibilidad se medirán con la economía y la seguridad como los principales problemas a resolver, y la sombra del narcotráfico cerniéndose sobre el futuro gobierno.
La economía en Honduras
Durante los doce años de gobierno del Partido Nacional, Honduras llegó a situarse entre las naciones con mayor tasa de homicidios del planeta, lo que le valió el triste reconocimiento de país más violento en el que no mediaba una guerra civil. No es inusual que, durante las últimas dos décadas, la principal preocupación para los hondureños haya pasado por la seguridad, con el auge de discursos de mano dura y debates enconados sobre cómo encarar la crisis. A esto se sumó la llegada de Bukele al poder en El Salvador y la difusión de propuestas similares en todos los países aledaños.
No obstante, aunque la inseguridad en Honduras sigue siendo un tema preocupante, con una tasa de 37 homicidios por cada cien mil habitantes, encuestas recientes muestran que muchos hondureños están empezando a darle más importancia al bolsillo a la hora de votar. Un ejemplo es un sondeo de opinión pública realizado por el ERIC-SJ, organización social jesuita considerada uno de los centros de investigación social más confiables del país. En su último sondeo, al ser consultados sobre su principal preocupación a la hora de votar, por primera vez la economía ocupó el primer lugar en las preferencias de los hondureños encuestados, superando por poco a la inseguridad.
Honduras llega a las urnas con algunos indicadores relativamente positivos en comparación a los de hace cuatro años. De acuerdo con el Banco Mundial y cifras del mismo gobierno hondureño, tanto la pobreza como la extrema pobreza registraron una bajada considerable, mientras que el índice de desigualdad muestra una leve mejora. No obstante, más de la mitad de la población continúa siendo pobre.
Informes recientes registran que varios millones de hondureños deben pelear por cubrir una canasta básica con sus ingresos. Esto ha provocado que la inflación moderadamente alta que sufre el país (de un 4.85 % para octubre de 2025) produzca un serio trastorno en el costo de vida de los hondureños. De esta forma, los problemas estructurales impiden que la población se beneficie debidamente de la caída de la pobreza.
Con este panorama, no es de extrañar que ante la pregunta de lo que percibían como el principal logro del gobierno de Castro, menos de un 3 % respondió con algo vinculable a la economía (como reducción de la pobreza). Al ser consultados sobre el principal fracaso, más de un 45 % dio una respuesta relacionada con temas económicos (pobreza, desempleo, costo de vida). Finalmente, casi la mitad de los encuestados (49,2 %) declaró estar «igual» que hace cuatro años, un 39,9 % declaró estar «peor» y solo un 10,5 % afirmó estar «mejor».
El miedo al fraude
Las elecciones han estado marcadas por la desconfianza institucional. El Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad a cargo de gestionar los comicios, está integrado de forma relativamente equilibrada por miembros de los tres principales partidos. Esta estructura, que se presume destinada a prevenir la cooptación institucional por parte de un único partido, ha terminado por sufrir una persistente parálisis administrativa a medida que los integrantes de una fuerza política u otra buscan sabotear el proceso con denuncias cruzadas de posibles irregularidades. Las principales organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado que este «caos institucional» (exacerbado por las luchas internas dentro de los mismos partidos) ha socavado seriamente la credibilidad de las elecciones.
Todos los implicados han puesto en duda la transparencia de los comicios. La misma candidata del gobierno, Rixi Moncada, ha anunciado que LIBRE realizará un conteo paralelo y que no reconocerá un resultado diferente al que el partido gobernante proclame. Por su parte, los partidos de la oposición han denunciado una serie de iniciativas legislativas del gobierno de Castro (más tarde fracasadas) cuyo fin parecía ser debilitar la independencia de las entidades electorales y judiciales.
Finalmente, la cuestionada solicitud por parte de las Fuerzas Armadas de que se les permitiera acceder a las actas electorales presidenciales, considerada una injerencia militar sin precedentes en el proceso electoral, ha sido objeto de críticas por parte de observadores internacionales y grupos de la sociedad civil hondureña. Las comparaciones con países de la región que han experimentado procesos de autocratización en las últimas décadas (como Venezuela, Nicaragua o incluso El Salvador) se han vuelto comunes durante el período electoral.
Y Trump llegó a Honduras
En los últimos días, el postulante nacionalista Asfura cobró relevancia internacional cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red Truth Social un mensaje llamando a los hondureños a votar directamente por él. En una publicación con un lenguaje directo poco común para un mandatario estadounidense (incluso tratándose de Trump), describió a Asfura como «el único verdadero amigo de la libertad en Honduras» y atacó a sus rivales por tener «inclinaciones comunistas».
El inesperado respaldo público de Trump a Asfura añadió un elemento geopolítico a una elección ya marcada por la incertidumbre. Estados Unidos ha ejercido una influencia considerable sobre la política hondureña, desde el golpe de 2009 hasta la extradición de Juan Orlando Hernández por vínculos con el narcotráfico.
La repentina decisión de apoyar a un candidato no solo del mismo partido que Hernández sino con un papel destacado en su gobierno se da en el marco de la escalada de la crisis militar con Venezuela: el gobierno de Castro ha sido un sólido aliado del régimen de Nicolás Maduro. Entretanto, Nasralla se ha mostrado históricamente ambivalente con el chavismo, alternando entre apoyar a Maduro y criticarlo a conveniencia electoral.
A nivel interno, el impacto del apoyo de Trump puede operar en dos direcciones. Para sectores conservadores o pro estadounidenses, la palabra de Trump otorga una mayor legitimidad internacional a Asfura justo cuando éste intenta despegarse de la herencia de Hernández y recuperar prestigio para el Partido Nacional en la derecha regional latinoamericana, muy venida a menos por las acusaciones de haber implantado un «narcoestado», colocando su régimen de doce años a la par que los chavistas venezolanos o sandinistas nicaragüenses.
Para amplios segmentos críticos de la injerencia externa, el mensaje alimenta la idea de un candidato alineado con agendas extranjeras y refuerza la narrativa anti-intervencionista que históricamente ha movilizado a sectores de la izquierda hondureña. Esto podría ser empleado por Moncada o quizá, en menor medida, por Nasralla.
El papel del narcotráfico
Pocas fuerzas han influido tanto en la política hondureña reciente como el narcotráfico. Honduras es un punto estratégico en la ruta de la cocaína hacia los Estados Unidos, y durante años las instituciones del Estado hondureño fueron permeadas por redes criminales que operaban con complicidad política.
La condena en Nueva York del expresidente Hernández por delitos de narcotráfico y armas expuso crudamente hasta qué punto el crimen organizado había penetrado el aparato estatal hondureño: congresistas, jefes policiales, alcaldes y empresarios fueron implicados en esquemas que, según los fiscales estadounidenses, funcionaron como una «narcodictadura» encubierta.
Aunque el gobierno de Castro prometió romper con ese legado, el país sigue atrapado entre la presión de los cárteles transnacionales, estructuras criminales locales y una institucionalidad frágil con capacidad limitada para investigar, juzgar y sancionar. Asimismo, la estrecha vinculación ideológica de Castro con el régimen venezolano, sobre el cual pesan acusaciones similares a las que en su día pesaron sobre el de Hernández, ponen en duda el grado de compromiso de LIBRE con desmontar el «narcoestado».
El narcotráfico en Honduras no es solo un problema de seguridad. Se trata de un actor silencioso que condiciona la economía, la política y las lealtades territoriales. La presencia de economías informales en vastas zonas rurales, la fuerte corrupción policial y judicial, y la utilización del Estado como vehículo para lavar fondos o asegurar impunidad generan un clima en el que la ciudadanía percibe que ninguno de los tres partidos políticos está limpio.
De este modo, la elección de 2025 se desarrolla bajo la sombra de un sistema donde el crimen organizado ha sido históricamente más fuerte que la ley y con todos los candidatos acusando un fuerte desprestigio por ese lado. El desafío para el ganador no será solo gobernar, sino generar la sensación de que puede hacerlo sin quedar atrapado en una red que ha descarrilado gobiernos, erosionado instituciones y marcado la trayectoria política, económica y social de Honduras durante más de una década.
Abel Gómez Arévalo 
El Tablero Político