Las reformas laborales en España tras la crisis de 2008 pueden ayudarnos a entender mejor las implicaciones del nuevo proyecto legislativo anunciado por Javier Milei.
En momentos de crisis, la población está dispuesta a entregar un poder inmenso a cualquiera que afirme disponer de la cura mágica, tanto si la crisis es una fuerte depresión económica como si es un atentado terrorista.
— Naomi Klein, La doctrina del shock.
La controvertida reforma laboral de Javier Milei en Argentina ha vuelto a traer al centro del debate las condiciones laborales. Esta reforma contiene medidas polémicas como la creación de una bolsa de horas extra o la posibilidad de establecer salarios dinámicos y es parte de un paquete de medidas que La Libertad Avanza lleva impulsando desde su llegada al gobierno, todo con el objetivo de dar respuesta a una situación de crisis económica nacional que, consideran, requiere soluciones drásticas.
Si bien la de Milei es la más reciente, en otros países del mundo hemos podido ver iniciativas legislativas similares, que buscan atajar las condiciones laborales como solución a problemas económicos estructurales. Uno de los ejemplos más claros lo vimos en España tras la crisis de 2008.
Esa sucesión de reformas laborales se produce a través de dos gobiernos de signo político distinto y con la supervisión de una Unión Europea que amenazaba a España con el destino de Grecia. ¿Cuáles fueron las medidas que se adoptaron durante estos años en materia laboral? ¿Fueron necesarias o había otra manera?
Primera dosis: la ausencia de Rodiezmo
La crisis de 2008 puede ser el periodo más importante para definir el mundo en el que vivimos hoy en día. Gary Gerstle sostiene en su libro El auge y caída del orden neoliberal que es en este año cuando comenzó a resquebrajarse el orden que anteriormente regía el mundo.
El punto de inicio es la ausencia de Zapatero en Rodiezmo en 2010, lugar que siempre había simbolizado su conexión con la clase trabajadora.
Si nos vamos a España, encontramos un país que, con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero al frente, estaba a punto de encarar el mayor desafío económico de su historia. Ese es el punto de partida en el que la periodista Ana Tudela sitúa su podcast Crisis de memoria.
El punto de inicio es la ausencia de Zapatero en Rodiezmo en 2010, lugar que siempre había simbolizado su conexión con la clase trabajadora (haciendo coincidir cada año el inicio del curso político con la fiesta minera astur-leonesa que unía al partido, trabajadores y sindicatos) y que ahora se volvía hostil hacia un PSOE que estaba a punto de aprobar la reforma laboral de ese mismo año.
Uno de los máximos de esta reforma fue la flexibilidad que trajo consigo la introducción de una nueva causa bastante abierta de despido objetivo: la situación económica negativa. Para más inri, de los veinte días de indemnización por año trabajado propios de esta forma de despido, ocho días los pagaría el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial).
En cuanto a las indemnizaciones por despido, si bien aumentaron paulatinamente en el caso de los contratos temporales, disminuyeron en el caso de los fijos, algo que Zapatero negó que pasaría hasta prácticamente la publicación de la ley. En septiembre de 2010 ya llevaba meses en vigor un nuevo modelo de contrato fijo con indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades (anteriormente de 45 días por año trabajado).
La motivación, según el ministro de trabajo en aquel momento, Celestino Corbacho, era «incentivar que se realicen contratos indefinidos en el futuro». Valeriano Gómez, sucesor de Corbacho al frente del Ministerio de Trabajo, antes de ser nombrado ministro fue a la manifestación contra la reforma que iba a tener que aplicar él mismo. Reforma que, por otro lado, era mucho más blanda, por cierto, que la que aprobaría en su etapa al frente del ministerio en 2011.
Segunda dosis: Las amistades peligrosas
Llega 2011 y, con el nuevo rescate de la Unión Europea a Grecia, vino también una nueva reforma laboral bastante más dura que la anterior. Tudela rescata en esta ocasión unas cartas del que era presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, que Zapatero publica en su libro. En esta, Trichet responde ante la petición del presidente español de que el BCE comprara deuda española para evitar el rescate y como condición pone, entre otras cosas, que se introduzcan una serie de cambios en el derecho laboral español. Estos cambios fueron: descentralizar la negociación colectiva, priorizar los convenios de empresa sobre los estatales y regionales, promover la contención salarial en el sector privado, introducir un nuevo contrato con una indemnización muy baja y anular temporalmente el número de contratos temporales. Zapatero acepta.
En su primera legislatura, el PSOE había introducido límites al encadenamiento de contratos temporales, medida que había reducido la temporalidad.
Respecto al despido objetivo antes mencionado, se concreta más la causa tan abierta planteada en 2010: «Se dejó acogerse a este despido más barato a empresas en pérdidas actuales o previstas o incluso en beneficios, si tenían una disminución persistente de los ingresos». El objetivo de esta concreción era reducir la incertidumbre procesal a la que se enfrentaba el empresario cuando los tribunales debían pronunciarse sobre la validez de los despidos, algo especialmente relevante en el caso de los despidos colectivos.
En su primera legislatura, el PSOE había introducido límites al encadenamiento de contratos temporales, medida que había reducido la temporalidad. Es sorprendente que fuera en este año en el que el mismo partido suspendió su efectividad «como medida excepcional ante los efectos de la crisis», según Valeriano Gómez. Gómez el mismo día que pronunció esas palabras también dijo que intentarían levantar la suspensión (cuya efectividad defendía) pasados un año, algo a lo que Rosa Díez respondió con otra pregunta: «Si es tan buena, ¿por qué la van a suspender dentro de un año?».
Tercera dosis: cambio de signo
Estos cambios fueron muy mal recibidos por los votantes del PSOE, que, por esta y otras razones, castigaron al partido en las urnas en 2012. La reforma laboral introducida por el Partido Popular tras esas elecciones introdujo, por ejemplo, la generalización de la indemnización de 33 días por año trabajado, afectando esta vez sí a los contratos fijos que estuvieran en vigor.
En cada año del periodo comprendido entre 2011 y 2013 hubo más despidos que en 2009, año inmediatamente posterior a la explosión de la burbuja.
Sin embargo, por difícil que pueda parecer este no fue el cambio más importante que se introdujo en esta reforma laboral. Se concretó aún más la causa económica del despido objetivo: «Se podrá despedir con causa económica cuando los ingresos, durante tres trimestres consecutivos, sean inferiores a los del mismo periodo del año anterior». Pero no termina ahí la cosa porque para facilitar el despido se suprimieron la autorización administrativa para despidos colectivos y los salarios de tramitación. Soraya Rodríguez dijo al respecto de estas medidas el 8 de marzo de 2012 que «Solamente tiene[n] un objetivo: disuadir a los trabajadores de que acudan a los tribunales en el caso de los despidos procedentes».
Los datos nos muestran el enorme efecto que tuvieron estas nuevas medidas de facilitación del despido. En cada año del periodo comprendido entre 2011 y 2013 hubo más despidos que en 2009, año inmediatamente posterior a la explosión de la burbuja. Puede interpretarse también como cierta cautela por parte de los empresarios que no sabían la gravedad del problema pero no deja de ser impactante.
Para fomentar la contratación, el Partido Popular creó «el contrato indefinido para emprendedores», válido para empresas de menos de 50 trabajadores y que de indefinido tenía bastante poco ya que el periodo de prueba de este contrato era de un año. Este contrato, sin embargo, solo empezó a implementarse cuando la economía ya había comenzado a recuperarse en 2018, año en el que además fue derogado. La realidad es que más de la mitad acababan durante el periodo de prueba de un año por lo que la etiqueta de indefinido es difícil de justificar.
El Partido Popular también dirigió sus esfuerzos hacia la negociación colectiva, no solo dando prioridad al convenio de empresa y poniendo límite a la ultraactividad del mismo, sino facilitando los descuelgues del mismo apenas diez días después de que se firmara el II acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Ana Tudela expresa en datos lo que esto supuso: «En 2013, hubo descuelgues de convenios que afectaron a 160.000 trabajadores. Luego ya baja. Al año siguiente 66.000, al siguiente 40.000, al siguiente 30.000 y, desde 2017, son alrededor de 20.000 trabajadores afectados al año».
No other choice
El análisis de las reformas laborales en España después de la crisis de 2008 nos deja la lección clave de que cuando la política laboral se ve principalmente como una herramienta para ajustes macroeconómicos, sus repercusiones sociales pueden ser profundas y duraderas. A lo largo de diferentes gobiernos y bajo una fuerte presión externa, España se movió hacia un modelo que priorizaba la flexibilización del despido, la descentralización de la negociación colectiva y la transferencia de riesgos económicos desde las empresas hacia los trabajadores.
Este proceso no es un fenómeno aislado ni ideológicamente uniforme. Más bien, pone de manifiesto cómo ciertas recetas económicas terminan por imponerse como inevitables en tiempos de crisis. La experiencia de España también pone en entredicho la promesa de que abaratar el despido y debilitar la protección laboral llevaría, automáticamente, a un aumento del empleo estable. Sin embargo, los datos revelan que la pérdida de empleos fue severa incluso durante los períodos de máximo ajuste y que solo cuando la economía empezó a recuperarse, se vio una mejora en los contratos indefinidos, queda saber qué papel tuvo ahí la normativa implementada.
Igual que en España, el argumento de la excepcionalidad de la crisis y la necesidad de soluciones drásticas se utiliza para justificar cambios que, una vez instaurados, resultan difíciles de revertir, incluso cuando la economía mejora.
A pesar de ello, las reformas sí lograron cambiar de manera estructural el equilibrio de poder en las relaciones laborales, debilitando la capacidad negociadora de los trabajadores y reduciendo el papel de la negociación colectiva. Aquí es donde se hace relevante la comparación con la reforma laboral impulsada por Javier Milei en Argentina. Al igual que en España, el argumento de la excepcionalidad de la crisis y la necesidad de soluciones drásticas se utiliza para justificar cambios que, una vez instaurados, resultan difíciles de revertir, incluso cuando la economía mejora.
La cuestión que queda en el aire en ambos casos no es solo si estas reformas eran necesarias, sino si se exploraron con igual firmeza alternativas que no implicaran una devaluación sistemática de los derechos laborales. En última instancia, el análisis comparativo sugiere que las reformas laborales no son meras respuestas técnicas a problemas económicos, sino decisiones profundamente políticas que reflejan una cierta visión del trabajo, del Estado y de cómo se distribuyen los costos en tiempos de crisis.
Recordar el camino que ha recorrido España no significa negar la gravedad de las crisis actuales, sino advertir que las soluciones que se adoptan hoy darán forma al mercado laboral y a las relaciones sociales del mañana. Y como demuestra la experiencia española, esas consecuencias suelen durar mucho más que la crisis que las justificó.
Jorge de Diego Hurtado 
Daniel Andrés