Durante décadas, se ha intentado explicar la política a través de la psicología humana. Gracias a esta rama de estudio, estamos más cerca de entender la toma de decisiones que nos llevan a votar, el cómo se hace o cuál es nuestra relación con los partidos y las figuras que los lideran.
En este sentido, la identidad política es un concepto interesantísimo. Parece que cada vez somos “más de nuestro partido” y nos alejamos más de los otros. Manejando este escenario de polarización, la identidad actúa como un elemento que responde no sólo a cómo somos, sino que además nos conduce a una forma particular de entender el mundo.
Recurrimos al partido, a los políticos o incluso a ciertas personalidades para saber qué hacer o qué pensar sobre determinadas noticias. Cualquier elemento de nuestro día a día está sujeto a ser condicionado por la opinión o el pensamiento del conjunto de los que consideramos “los nuestros”.
Muchas veces esto no es más que el reflejo del nivel de interés por la política. Parece evidente que no todo el mundo dispone de una cantidad de tiempo suficiente como para informarse de todos los puntos de la agenda pública. Por lo tanto, atajar por la vía rápida y suscribir lo que piensan otros parece una solución atractiva y cómoda. Al final, si pensamos igual en casi todo, lo normal es que en este nuevo tema no se ande muy lejos de tener un pensamiento similar. No obstante, también hay que analizar los costes que ello conlleva.
¿De verdad hablamos de lo mismo?
La sorprendente sentencia que ha recaído en los hombros de Marine Le Pen es un buen ejemplo de ello. La ex-candidata de Renaissance Nationale (RN) ha sido condenada a 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación para la función pública por una trama de desvío de fondos europeos. En concreto, se acusa a Le Pen de liderar una operación de desvío de dinero para que los asistentes que, en teoría, debía tener el partido en Bruselas, ayudasen en el día a día de RN en París.
Las pruebas son bastante contundentes y se estima que el total de dinero desviado supera los 6 millones de euros. Eso sí, ahora serán los tribunales los que, de nuevo, tendrán que valorar todo el caso tras la apelación de la líder de derecha radical.
¿Dónde está la polémica en todo el asunto? Pues en que un sector bastante grande comienza a alzar la voz hablando de golpes a la democracia orquestados por la Unión Europea. Tomando el ejemplo de lo sucedido en Rumanía con el candidato presidencial, Călin Georgescu, se traza una “hoja de ruta” para alinear los distintos casos de inhabilitación por una “misma causa”.
Una disonancia cognitiva
En el plano de la psicología política podríamos entender el fenómeno como una “disonancia cognitiva”. Este concepto hace referencia al enfrentamiento que tiene lugar en nuestra cabeza cuando sostenemos dos ideas contradictorias. Cuando en el ideario de la derecha radical no se puede comprender que los cordones sanitarios o las derrotas en las urnas les alejen de los puestos de poder, se recurren a otras formas de intentar explicar qué pasa.
Es evidente que el juicio a Le Pen poco tiene que ver con la polémica anulación de las elecciones en Rumanía. De hecho, podría argumentarse que RN se verá fortalecido como partido, en tanto que Jordan Bardella es un candidato de gran calado entre sus votantes y que los suyos van a movilizarse por la sentencia contra Le Pen.
Básicamente, la disonancia cognitiva actúa intentando buscar una forma de justificar la coexistencia de estas dos ideas. En este caso, se defenderá a ultranza que la eliminación de los candidatos de este corte responde a un plan del establishment para impedir el acceso de estos grupos a cuotas de poder. El problema aquí es que se resuelve la disonancia perjudicando a la valoración del imperio de la ley y la imparcialidad de la justicia. “Si Le Pen ha sido condenada no es porque sea culpable, sino porque no quieren que gane” se piensa desde estos sectores.
Y todavía se le puede dar una vuelta más al asunto pues, en España, VOX y Alvise Pérez están siendo investigados por motivos parecidos. Los dos núcleos políticos más a la derecha en el país pueden haber cometido irregularidades en su financiación. Mientras que VOX recibió un préstamo de un banco húngaro presuntamente afín a Viktor Orbán, Alvise Pérez supuestamente obtuvo fondos para su campaña en metálico y ofreciendo favores políticos a empresarios.
Hay que esperar a que se investiguen estos temas, pero el argumento en caso de que sean declarados culpables ya está enarbolado desde las derechas. De la misma forma sucedió con Donald Trump y sus múltiples juicios pendientes antes de las elecciones.
El peligro de la equiparación
Por desgracia, parece que esta dinámica genera un vicio en el sistema. Las personas que votan a estas formaciones se ven frustradas porque no alcanzan a gobernar, bien por cordones sanitarios, bien por otros motivos, y esta disonancia les aleja más de las instituciones. Cuanto más al extremo, menos atenderán a las reglas del juego y el clima de crispación empuja, como vemos en Francia, a protestar en la calle.
Con respecto al asunto de Le Pen, es interesante ver que dos actores muy diferentes, como lo son La Francia Insumisa y The Economist, han adoptado una postura realmente similar. Los de Jean-Luc Mélenchon han hablado de que, si creen que Marine Le Pen es claramente culpable, la decisión de que sea o no presidenta debe depender de las urnas y no de los tribunales. Del mismo modo, The Economist publicó una pieza analizando la idea del desgaste democrático en el caso de Le Pen, a pesar de que también reconocían la legalidad y veracidad de la causa que se le imputa a la francesa.
Puede que desde un punto de vista político esto sea acertado. Al menos, la noticia de que la apelación al juicio de Le Pen podrá ser previa a las elecciones hace que el contexto sea un poco más justo para todos. Como hemos visto, el plano judicial puede chocar de lleno con las creencias políticas y su combinación puede ser muy dañina para todas las partes.
Iván Sánchez Marañón 
Abel Gómez Arévalo 
Yago Jiménez Bean