Estados Unidos vive una batalla sin precedentes por el control del Congreso. Demócratas y republicanos se acusan mutuamente de intentar manipular el sistema electoral, y lo que comenzó como una petición de Donald Trump a Texas se ha convertido en un conflicto por delimitar los distritos electorales que se extiende por todo el país.
En el centro de esta controversia están las elecciones de medio mandato (“midterms”) de 2026, donde se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Con los republicanos manteniendo una mayoría extremadamente ajustada de 219-212 en la Cámara, cada escaño cuenta. Históricamente, el partido del presidente suele perder representación en estas elecciones, lo que añade urgencia a los intentos republicanos de fortificar su posición. ¿Qué está pasando en Estados Unidos?
Redistricting y Gerrymandering: cuando la democracia se deforma
Para comprender bien el centro de la polémica, hay que tener en cuenta dos conceptos fundamentales: el redisticting y el gerrymandering.
El redistricting es un proceso constitucional fundamental en la democracia estadounidense. Cada diez años, después del censo nacional, los estados deben redibujar sus distritos electorales para reflejar los cambios poblacionales. Es una necesidad práctica: la gente se muda, las ciudades crecen, las zonas rurales se despueblan… La Constitución exige que todos los distritos dentro de un estado tengan poblaciones equivalentes para garantizar la representación equitativa.
En el censo de 2020, por ejemplo, Texas ganó dos escaños en el Congreso debido a que su población creció en cuatro millones de habitantes, mientras que California perdió uno por primera vez en su historia. Estos ajustes son normales y necesarios. El próximo censo será en 2030 y, hasta entonces, los mapas actuales deberían permanecer sin cambios, salvo causa mayor justificada.
El problema surge cuando los políticos manipulan este proceso para su beneficio partidista, una práctica conocida como gerrymandering. El término proviene de Elbridge Gerry, vicepresidente de Estados Unidos en 1814, quien dibujó un distrito con forma de salamandra (mitológica) para favorecer a su partido.
Los partidos utilizan principalmente dos técnicas para manipular los mapas. En primer lugar, estaría el packing (empaquetamiento), que consiste en concentrar a los votantes del partido opositor en el menor número posible de distritos.
Por ejemplo, si los demócratas están dispersos en cinco distritos donde podrían ser competitivos, los republicanos los “empaquetan” en solo dos distritos donde ganarán por márgenes abrumadores, pero perderán influencia en los otros tres. En segundo lugar, estaría el cracking (fragmentación), que consiste en dividir una comunidad de votantes entre múltiples distritos para diluir su poder electoral. Así, una ciudad de mayoría demócrata podría ser dividida en cuatro partes, cada una anexada a zonas rurales republicanas, garantizando que los demócratas nunca sean mayoría en ningún distrito.
Los ejemplos abundan. El distrito 4 de Illinois, conocido como “los auriculares latinos” (the earmuffs), conectaba dos comunidades hispanas de Chicago mediante un corredor absurdamente estrecho que seguía la autopista I-294. Maryland produjo el distrito 3, apodado “el Rorschach test” por su forma imposible de describir, que serpenteaba caprichosamente para conectar comunidades demócratas dispersas.
Tras el último censo, los republicanos dividieron la ciudad de Salt Lake City en cuatro partes, anexando cada pedazo a un distrito rural republicano diferente, garantizando así una delegación 4-0 para el GOP donde antes los demócratas tenían representación. En Illinois, para el distrito 13 los demócratas usaron una franja estrecha que serpentea desde East St. Louis hasta Urbana-Champaign, conectando bolsones demócratas dispersos a través de más de 200 kilómetros para crear un distrito seguro donde naturalmente no existiría uno.
La polémica de Texas: el detonante
La controversia actual estalló en julio, cuando Donald Trump pidió públicamente a los republicanos de Texas que redibujaran su mapa electoral con el fin de ganar 5 escaños extra. Texas, con sus 38 distritos, es el segundo estado más grande en la Cámara de Representantes.
El gobernador Greg Abbott respondió rápidamente, convocando una sesión especial de la legislatura. La justificación oficial vino en forma de una carta del Departamento de Justicia que alegaba que cuatro distritos actuales constituían “gerrymanders raciales”.
Es decir, violaban la 14ª Enmienda de la Constitución que prohíbe la discriminación racial. Sin embargo, los críticos señalan la desproporción: si solo cuatro distritos son problemáticos, ¿por qué redibujar los 38?
La respuesta demócrata fue instantánea: la mayoría de los legisladores del partido en Texas huyeron físicamente del estado, dispersándose por Massachusetts, Illinois y otros estados para negar el cuórum necesario para votar. No obstante, se trata de una protesta simbólica; como admitió su portavoz: “Sabemos que eventualmente aprobarán estos mapas, pero vamos a hacer todo lo posible para despertar a América”. Su regreso y la eventual aprobación de los nuevos mapas parecen inevitables.
La respuesta de California: escalada nacional
Ante esta situación, los demócratas han pasado al contraataque. Gavin Newsom, gobernador de California y posible candidato presidencial en 2028, no tardó en responder. “Dos pueden jugar ese juego” declaró, anunciando planes para redibujar los mapas de California para ganar cinco escaños demócratas, exactamente el mismo número que Trump busca en Texas.
Sin embargo, California enfrenta un obstáculo único: en 2010, los votantes transfirieron el poder de redistricting a una comisión independiente no partidista, precisamente para evitar el gerrymandering. Para sortear esta barrera, Newsom ha convocado una elección especial para el 4 de noviembre, donde los californianos votarán si permiten temporalmente a la legislatura controlada por demócratas redibujar los mapas.
Newsom argumenta que es una medida defensiva que solo entraría en efecto si los republicanos continúan con sus esfuerzos de gerrymandering. Sin embargo, críticos como el exgobernador Arnold Schwarzenegger, quien ayudó a crear la comisión independiente, se oponen firmemente al plan.
Un efecto dominó
Lo que comenzó en Texas y California se ha expandido rápidamente. Al menos ocho estados están considerando cambios similares.
Aquellos estados con control demócrata están organizando su contraofensiva con estrategias variadas. Nueva York ha propuesto una enmienda constitucional para permitir el redistricting a mitad de década, aunque el proceso no podría completarse hasta 2027 como muy pronto, requiriendo la aprobación de dos legislaturas sucesivas y un referéndum.
En Wisconsin, donde los republicanos controlan la legislatura, los demócratas han optado por la vía judicial, presentando dos demandas ante la Corte Suprema estatal de mayoría progresista para impugnar los mapas actuales.
Illinois mantiene la puerta abierta según su gobernador JB Pritzker, aunque reconoce que sería extremadamente difícil encontrar otro distrito viable para los demócratas, dado que los tres distritos republicanos actuales votaron por Trump con márgenes superiores al 40%.
Entre los estados con gobiernos republicanos, Florida lidera la carga. El gobernador Ron DeSantis impulsa la creación de nuevos mapas argumentando que el estado ha experimentado cambios demográficos significativos desde 2020. La legislatura estatal, dominada por republicanos, espera aprobar los cambios durante la sesión de 2026.
En Missouri, la mayoría republicana evalúa la posibilidad de eliminar el único distrito demócrata que queda en Kansas City, mientras el gobernador Mike Kehoe mantiene conversaciones con la Casa Blanca sobre convocar una sesión especial. Indiana también ha entrado en la conversación después de que el vicepresidente J.D. Vance se reuniera con el gobernador Mike Braun y líderes legislativos, aunque ambos han guardado silencio sobre los detalles. Ohio representa un caso especial: es el único estado con redistricting legalmente programado para mitad de década, resultado de reformas constitucionales de 2018 que requieren acuerdo bipartidista.
Incertidumbre hasta el final
La realidad es que ninguno de estos mapas está garantizado. Cada nuevo distrito enfrentará inevitablemente desafíos legales, y el sistema judicial estadounidense es considerablemente lento. En este contexto, hay una distinción legal clave: el gerrymandering partidista fue declarado legal por la Corte Suprema en 2019, argumentando que son “cuestiones políticas” fuera de la jurisdicción federal. Sin embargo, el gerrymandering racial sigue siendo inconstitucional bajo la 14ª Enmienda y la Ley de Derechos Civiles.
Esta distinción crea una zona gris que los partidos explotan, pues la línea entre gerrymandering partidista y racial es muy fina, especialmente cuando las minorías tienden a votar mayoritariamente por un partido. Así, los precedentes son contradictorios. En 2023, Alabama fue forzada a crear un segundo distrito de mayoría negra. Pero en 2024, la Corte Suprema falló que un distrito en Carolina del Sur era gerrymandering partidista legal, no racial ilegal, a pesar de dividir comunidades afroamericanas.
Existe además un riesgo adicional que los estrategas políticos a menudo subestiman: el fenómeno conocido como “dummymander”. Cuando un partido manipula los mapas de forma demasiado agresiva, reduciendo sus márgenes de victoria para maximizar el número de distritos ganados, puede terminar siendo víctima de su propia estrategia. Un cambio menor en las preferencias del electorado o una baja participación inesperada puede hacer que pierdan algunos distritos que creían seguros. Este fenómeno convierte al gerrymandering extremo en una apuesta arriesgada que puede resultar contraproducente.
En conclusión, la batalla actual por redibujar los distritos electorales a mitad de década representa una peligrosa escalada. Si se normaliza que los partidos puedan redibujar mapas cuando les convenga políticamente, el concepto de elecciones justas y competitivas desaparece. La resolución de esta crisis definirá no solo quién controla el Congreso en 2026, sino la naturaleza misma de la democracia estadounidense en las próximas décadas. Los tribunales tendrán la última palabra, pero el daño a la confianza pública en el sistema electoral ya está hecho.
Abel Gómez Arévalo 
Alejandro Muriel García 
Alejandro Hernández