Dina Boluarte, presidenta del Perú, ostenta el dudoso reconocimiento de ser la cabeza política de una democracia con el peor índice de aprobación. Dependiendo de qué fuente consultemos, oscila entre el 2 y el 4%. De hecho, es “famosa” por este hecho más que por su gestión del país. Con este panorama, parece obligatorio preguntarse cómo es sostenible este clima político
El 94% de los peruanos desaprueban la gestión del gobierno. Además, la presidencia de Boluarte ha estado caracterizada por infinitas polémicas desde su llegada al poder en 2021. En condiciones normales, ante tal grado de impopularidad, se forzarían elecciones de alguna manera, pero no atendemos a un momento ordinario. La legislatura nunca ha llegado a arrancar del todo y ahora estamos a menos de un año de unas nuevas elecciones.
Perú se enfrentará a unos comicios complicadísimos en 2026. En parte, marcados por la inacción del ejecutivo y sus infinitos casos de corrupción, pero también por las inhabilitaciones a los sectores afines a Pedro Castillo. Para comprender todo ello, es necesario entender qué ha pasado en los últimos 4 años en Perú y quiénes son los aliados de la que puede ser la peor presidenta del siglo.
Un comienzo atropellado
La llegada a la presidencia de Dina Boluarte, abogada y exmiembro del partido marxista Perú Libre (PL), fue bastante comprometida. En el contexto del autogolpe del presidente Pedro Castillo, este fue rápidamente destituido por el Congreso a través de un impeachment. Castillo acabó detenido tras su fallido intento de buscar asilo en la embajada mexicana, y posteriormente acusado de rebelión, entre otros cargos.
Ese mismo día de diciembre de 2022, Boluarte tomó la presidencia, pues era la segunda de a bordo en el gobierno de Pedro Castillo. En este momento, la situación pedía unas nuevas elecciones presidenciales, y así se intentó. No obstante, el Congreso, controlado en su fragmentada mayoría por la oposición al PL, rechazó la petición de Boluarte de adelantar las elecciones a 2023.
Es en este punto cuando la política en Lima empezó a descontrolarse. Una vez anunciada la detención de Castillo y la negativa del Congreso a unas nuevas elecciones, sectores de la población favorables al expresidente tomaron las calles. El gobierno fue absolutamente incapaz de controlar un clima dominado por la violencia y las manifestaciones se saldaron con decenas de muertos. Hoy, estos muertos marcan el segundo de los múltiples lastres que arrastra la presidencia. El primero fue su incapacidad de convencer al Congreso para que aceptase la convocatoria de elecciones.
Dina, a diferencia de Pedro Castillo, tuvo un perfil de vicepresidenta moderada durante la campaña y también en el gobierno. Sin embargo, esto la hacía menos popular entre los sectores más afines al propio Castillo y, al mismo tiempo, su posición está muy lejos de la de los conservadores fujimoristas.
Esta “tierra de nadie” y la carambola de llegar a la presidencia tras haber estado en un gobierno acusado en más de 20 ocasiones de corrupción (más que meses al frente del país), sumado al desastre de la gestión policial, hicieron debutar a Boluarte con más de un 70% de desaprobación.
Por ejemplo, la primera encuesta de IPSOS para su Gobierno dejaba el índice de aprobación en uno de cada cinco encuestados. Hoy son números con los que soñaría, porque después de un comienzo horrible, la presidencia se ha visto sumida en una crisis política y de casos de corrupción, pasando a ser un títere del Congreso.
Corrupción, relojes y acuerdos políticos
Un libro sobre el estudio del gobierno de Dina Boluarte dejaría en papel mojado el Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. En la actualidad, los casos que la han puesto contra las cuerdas, y que todavía hoy podrían forzar de algún modo un adelanto electoral, son a la par inverosímiles y preocupantes.
Comenzando por el más bizarro de ellos, Boluarte ha sido acusada de abandonar sus funciones como presidenta durante un periodo cercano a 2 semanas. Ocurrió en 2023, cuando se sometió a una serie de cirugías sin notificar al Congreso ni por supuesto a la ciudadanía. En este periodo de dos semanas tampoco se la echó de menos, pues no ha sido hasta más de un año después que un reportaje periodístico destapó el caso.
El aspecto de la presidenta era muy distinto al de poco tiempo atrás y sólo se podía explicar mediante cirugías estéticas. Así, una investigación confirmó este hecho: Boluarte se sometió al menos a 5 operaciones que la mantuvieron incapaz de moverse por sí misma por varios días. Durante este tiempo, como ha comprobado la investigación judicial, alguien falsificó la firma de la Presidenta a la hora de aprobar y ratificar las leyes y los decretos.
La investigación mantiene la hipótesis de que fue un intercambio que buscaba que la presidencia fabricase un presupuesto más favorable para la región de Ayacucho.
Por otro lado, está el “Rolexgate”, que casualmente empieza de manera similar. La presidenta acudió a varios eventos vistiendo relojes de gama alta que no figuraban en sus reportes de transparencia y gastos. En marzo de 2025, tras una serie de investigaciones vertidas en la prensa, un juez dio autorización para el registro de la casa de Boluarte. Allí se encontraron hasta 3 relojes de lujo, dos pulseras y unos aretes que, presuntamente, fueron regalo del gobernador de Ayacucho.
La presidenta dio varias versiones para justificar la posesión de los relojes, llegando a decir que se los compró de joven para después decir que fue un regalo. En su última versión, afirma que fue efectivamente un “préstamo” del gobernador Wilfredo Oscorima. La investigación mantiene la hipótesis de que fue un intercambio que buscaba que la presidencia fabricase un presupuesto más favorable para la región de Ayacucho.
Por último, se puede hablar de una acusación política importantísima que recae sobre la presidenta. Boluarte, junto a su ministro del Interior, son investigados por facilitar la fuga del político Vladimir Cerrón, líder del PL y exgobernador de Junín. Cerrón fue acusado de corrupción en su etapa como gobernador, razón por la cual Boluarte llegó a la vicepresidencia, pues en principio ella no iba a ser la candidata.
Tras diversas acusaciones y una sentencia marcada por algunos como un caso de lawfare, Cerrón tuvo que fugarse. Presuntamente, Boluarte y otros miembros del gobierno facilitaron el vehículo con el cual Cerrón escapó de la justicia. A día de hoy, la Interpol mantiene una orden de búsqueda por el político.
Con este currículum y sin ningún partido que la respalde como tal, es complicado entender cómo Dina Boluarte está a tan solo un año de finalizar sus funciones como presidenta sin que nadie lo evite.
Un Congreso «cómodo» con la corrupción
El Congreso peruano se votó el mismo día que tuvo lugar la primera vuelta presidencial de 2021. En las dos votaciones, el PL y Pedro Castillo acabaron en cabeza. Eso sí, la victoria en las presidenciales, tras vencer a Keiko Fujimori en segunda vuelta, no evitó que en las elecciones parlamentarias el escenario fuese bien distinto.
El PL también es el partido con más representación en esta cámara. Sin embargo, sólo suma 37 de los 130 escaños de los que se compone. Así, existe una mayoría de partidos de derechas, aunados por el fujimorismo y la crítica al Ejecutivo de Castillo. Esta misma mayoría es la que está sosteniendo a Boluarte y sus razones son cuanto menos peculiares.
En primer lugar, desde enero de 2023 Dina Boluarte no forma parte del PL, pues el movimiento de tomar la presidencia fue visto como una traición en el seno del partido. Desde ese momento, pero ya antes, la presidenta no ha tenido un sostén político en la izquierda. No obstante, sí llegó a un acuerdo con la derecha.
Más allá de acabar con las protestas, Boluarte ha designado a ministros y otros cargos para contentar a sus socios derechistas. Si en el momento en que Castillo fue apartado de la presidencia no hubo elecciones fue por esta coalición Boluarte-derechas. Entre sus socios está, por supuesto, el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, pero también otros como Renovación Popular o Acción Popular (sí, todos populares).
La alianza tácita favorecía a las dos partes. Por un lado, Boluarte obtenía una presidencia a la que de otra manera no aspiraría, mientras que la oposición evitó unas elecciones que hubiesen estado marcadas por las protestas de los afines a Castillo.
Además, al no estar adscrita a ningún partido, el desgaste de la presidenta no acaba de recaer en ningún partido en particular. Las siguientes elecciones van a estar marcadas por temas clave como la seguridad o la corrupción, pero se darán en un contexto de desafección en el que el 93,1% de los peruanos desconfía de los partidos políticos.
Deficiencias estructurales en la democracia peruana
La tendencia reciente en los últimos años hace que veamos cada elección como si fuese una prueba de fuego para las instituciones de cualquier país. Ocurre en Europa, con casos como el alemán o el polaco, pero también en América, con Estados Unidos y quizá con Perú en 2026.
En un sistema presidencial como el peruano, existe un mayor grado de complejidad a la hora de tumbar un gobierno. En el caso de Castillo la situación lo facilitó, pero con Boluarte la calculadora política indicó que salía rentable mantener a una presidenta de paja.
No debería descartarse que, antes de que el mandato llegue a su fin, aparezca una mayoría en el Congreso, la cual decida dar un paso adelante. Antes de unas elecciones, podría pensarse como un golpe de efecto el hecho de tumbar a Dina. La vía sería la misma que con Castillo: la Constitución peruana recoge la incapacidad moral como motivo para tumbar al presidente.
Se haga o no, parece difícil que los peruanos confíen de nuevo en un nuevo gobierno, sea del color que sea, marcando un desgaste institucional que establece una nueva convergencia con el resto de democracias liberales al otro lado del Océano.
Abel Gómez Arévalo 
Alejandro Muriel García 
Alejandro Hernández