
Tras dieciséis años de bloqueos y tensiones, el adiós de Orbán abre una ventana de oportunidad inédita para reformar los cimientos de una Europa que ya no puede permitirse ser rehén de sus propios tratados.
El pasado domingo 12 de abril, Hungría puso punto final a los dieciséis años de gobierno de Viktor Orbán. De manera casi inmediata, los principales líderes europeos, entre los que se encuentra la propia Von der Leyen, salieron a celebrar la elección del nuevo primer ministro Péter Magyar. Sin importar la ideología, jefes de gobierno como Pedro Sánchez o el canciller alemán Friedrich Merz se alegraron por las perspectivas de un cambio en las cada vez más tensas relaciones internacionales y, en concreto, aquellas que involucran a la Unión Europea.
Es decir, estas elecciones no solo fueron el mayor evento en la historia democrática húngara, sino que prometen ser un punto de inflexión crucial en el futuro funcionamiento de la Unión Europea. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué Orbán ha conseguido ser «el caballo de Troya» en el seno de la Unión? Y, sobre todo, ¿qué podemos esperar en el futuro del proyecto europeo?
Hungría y la UE: una relación tensa desde el principio
Los numerosos choques de los últimos meses entre Bruselas y Budapest pueden ser malinterpretados como dinámicas dentro de una campaña electoral. No obstante, este conflicto se remonta a la reforma constitucional que Orbán promulgó en el año 2012 y que atacaba de manera frontal la independencia judicial del país. Tan solo un año después, el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que instaba a Hungría a respetar los valores de la UE. Asimismo, subrayaba que dicho procedimiento constitucional carecía de transparencia e inclusión y que, como resultado, dio lugar a un «manifiesto debilitamiento del sistema de controles y contrapoderes exigido por el Estado de Derecho».
Pocos años después, la crisis migratoria de 2015 marcó el inicio del desafío del primer ministro húngaro a la primacía del derecho comunitario. Debido a la alta presión recibida por los países fronterizos de la Unión, esta aprobó un plan para reubicar a 120.000 refugiados a través de un sistema de cuotas.
En este caso, Orbán cuestionó judicialmente e hizo caso omiso a lo propuesto, justificándose con el mandato popular otorgado por un referéndum que no llegó al mínimo de participación. De igual manera, durante los próximos años invirtió 800 millones de euros en vallar su frontera con Serbia para evitar la entrada de solicitantes de asilo y desviarlos a países vecinos como Croacia.
Aprovechando que Hungría recibe más de lo que aporta al proyecto europeo, la Unión ha ido congelando y recortando partidas presupuestarias destinadas a Hungría por sus ataques al Estado de Derecho.
Como cabía esperar, la UE respondió con otro informe en 2018 en el que proponía aplicar el artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE), por el que se puede castigar a un Estado miembro que viole de forma grave y persistente los valores de la Unión. Sin embargo, este tipo de decisiones políticas requerían de mayorías imposibles por las alianzas políticas entre los países europeos.
Por ese motivo, la UE centró su estrategia de castigo en la presión financiera. Aprovechando que Hungría recibe más de lo que aporta al proyecto europeo, la Unión ha ido congelando y recortando partidas presupuestarias destinadas a Hungría por sus ataques al Estado de Derecho. Estas han llegado a superar los 30.000 millones de euros y han sido la forma de negociación entre ambas partes. Por tanto, vemos cómo el conflicto entre la UE y Orbán ha sido una constante durante todo su mandato.
El voto por unanimidad como campo de batalla
Ahora bien, si la Unión Europea ha conseguido sancionar económicamente a Hungría, ¿por qué Orbán ha podido seguir condicionando tanto la política europea? Por un simple factor: el principio de unanimidad. Recogido en los tratados fundacionales de la UE, el voto por unanimidad es obligatorio para decisiones que involucren áreas tan importantes como la Política Exterior y la Seguridad Común.
La lógica detrás de este principio es clara: la Unión Europea no puede imponer sus decisiones a un Estado miembro si este no quiere. Paradójicamente, lo que fue concebido como una protección a la soberanía nacional se ha transformado en una herramienta de obstrucción política sistemática.
El mejor de los ejemplos tuvo lugar hace un mes, cuando Orbán bloqueó a última hora el préstamo que la Unión Europea iba a realizar a Ucrania con el objetivo de apoyar al país frente a la agresión rusa. Con su negativa, Hungría consiguió parar por completo un préstamo con valor de nada menos que 90.000 millones en el que los otros veintiséis Estados miembros estaban de acuerdo. Es decir, por el poder concedido por los propios tratados europeos, un país que representa el 1,1 % del PIB total de la UE puede, legalmente, condicionar las decisiones más importantes consensuadas por el resto de países.
No es tanto Orbán, sino el propio diseño institucional el que permite establecer una extorsión diplomática que hunde a la Unión en un círculo vicioso donde personajes autoritarios que suponen un peligro para los valores democráticos quedan impunes.
Viktor Orbán, plenamente consciente de este poder, ha usado esta estrategia de veto para forzar a la Unión a ir deshaciendo las sanciones implementadas por sus políticas autoritarias domésticas. Como se puede apreciar, no es tanto Orbán, sino el propio diseño institucional el que permite establecer una extorsión diplomática que hunde a la Unión en un círculo vicioso donde personajes autoritarios que suponen un peligro para los valores democráticos quedan impunes. De esta forma, los conflictos y tensiones que se describen en la sección anterior fueron evolucionando hasta llegar a un punto en el que la política europea había quedado secuestrada por Budapest.
Una mayor integración europea como solución
En defensa de Orbán, esta problemática es fruto de un fallo estructural en el funcionamiento de la Unión que también ha sido aprovechado por otros países en el pasado. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es consciente de ello, y ha declarado hace unos días que «la transición a la votación por mayoría cualificada en política exterior es una forma importante de evitar bloqueos sistemáticos, como los que hemos visto en el pasado, y debemos aprovechar este impulso para avanzar en este tema».
Por ese motivo, la elección de Péter Magyar en Hungría, al igual que la victoria de Tusk en Polonia en 2023, es tan relevante para el proyecto europeo. Porque abren una ventana de oportunidad por primera vez en mucho tiempo de poder avanzar hacia lo conocido como «federalismo europeo».
¿Hasta qué punto un país debe acatar las decisiones tomadas por otros y en desacuerdo con sus intereses nacionales?
Cabe recordar que los tratados fueron concebidos en los años noventa, cuando la UE la formaban apenas una decena de países, lo que facilitaba las negociaciones entre países. Si bien esto se fue modificando con el Tratado de Lisboa (2007) una vez que se llegó a los veintisiete miembros, hubo áreas que mantuvieron el voto por unanimidad. La pregunta es: de cara a las más que probables incorporaciones de Ucrania y países de los Balcanes, ¿se pueden poner de acuerdo más de treinta países en la misma cuestión? ¿Qué impacto real pueden tener unas decisiones negociadas sobre mínimos para que treinta países den el sí?
Desde un punto de vista eficiente, esta parecería la solución a la tan criticada lentitud burocrática. No obstante, ¿hasta qué punto un país debe acatar las decisiones tomadas por otros y en desacuerdo con sus intereses nacionales? Es cierto que el voto por unanimidad da pie a bloqueos políticos, pero también otorga a todos los países, desde Alemania a Chipre, el mismo poder de negociación.
Este voto permite que los países más pequeños de la UE no se vean arrastrados por el peso de los gigantes como Alemania y Francia y tengan la oportunidad real de que sus intereses sean tenidos en cuenta. Por tanto, el fin de la era Orbán deja en el aire si la Unión podrá reformar sus mecanismos de decisión para ser una potencia global sin sacrificar, en el proceso, la protección que los vetos otorgan a sus socios más pequeños.
¿Qué esperar a partir de ahora?
Desde un punto de vista europeísta, la derrota de Orbán pone fin al mayor de los problemas a los que la Unión Europea se ha enfrentado en el último siglo. Una situación que había permitido al mismo país, cuya democracia era dudosa, bloquear decisiones políticas del más alto nivel sin ninguna consecuencia real. Orbán ha sido el ejemplo perfecto de que eso puede suceder, y que si no se modifica, otro «Orbán» podrá hacer lo mismo en el futuro.
Por eso, la elección del nuevo primer ministro, Péter Magyar, pone sobre el papel un alineamiento europeísta entre las principales potencias de la UE que prevé unos próximos años de profundización del proyecto europeo.
No obstante, la Unión Europea se enfrenta a un dilema que va más allá del propio funcionamiento de la Unión y toca el tema más sensible: la soberanía nacional. ¿Están los países miembros verdaderamente dispuestos a seguir cediendo su soberanía a la Unión Europea? ¿Están los países miembros verdaderamente dispuestos a convertirse en los Estados Unidos de Europa? Tras la caída de Orbán, podemos esperar que estas cuestiones que antes se susurraban en las plazas de Bruselas pasen a ser el tema central en los próximos años.
