España vuelve a las urnas el 29 de noviembre en unas elecciones adelantadas que llegan con la vivienda, la inmigración y la gestión del Gobierno en el centro del tablero. La pregunta es menos quién ganará sino qué bloque sumará 176.
La XV Legislatura nació frágil. La investidura de 2023 se sostuvo sobre una mayoría heterogénea que incluía a los socialistas, a los partidos a su izquierda coaligados en Sumar y a un abanico de partidos nacionalistas y regionalistas cuyo único denominador común era impedir un gobierno del PP y Vox.
Esa coalición negativa funcionó para investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente, pero ha tenido grandes problemas para legislar. De hecho, es la primera legislatura de la democracia que se cierra sin haber aprobado unos Presupuestos Generales del Estado.
Junts se ha asegurado de poner un buen precio a sus siete escaños decisivos, llegando a tumbar iniciativas del Gobierno en varias ocasiones.
De entre todos los socios de investidura, uno en especial le puso las cosas difíciles al Gobierno de PSOE y Sumar desde el principio. Junts votó a favor de la investidura del líder socialista a cambio de la amnistía de los líderes del procés, entre los que se encontraba su presidente, Carles Puigdemont. Desde entonces, el partido se ha asegurado de poner un buen precio a sus siete escaños decisivos, llegando a tumbar iniciativas del Gobierno en varias ocasiones.
El adelanto electoral se produjo, precisamente, tras la negativa de Junts a dos decretos-ley en materia de vivienda. A finales de septiembre, el desahucio de una vecina de Madrid, Maricarmen Abascal, desencadenó una oleada de movilizaciones, con una acampada en la Puerta del Sol incluida. El Gobierno respondió con dos reales decretos-ley sobre vivienda y desahucios. El 2 de octubre, Junts unió sus votos a los de PP y Vox, alegando que las medidas perjudicaban a los pequeños propietarios, y ambos decretos cayeron en el Congreso. Tres días después, Sánchez disolvía las Cortes.
Una agenda que se escapa
Con el adelanto electoral, Sánchez no buscaba únicamente romper el bloqueo legislativo, sino aprovechar una ventana de oportunidad. La movilización social por la vivienda ofrecía al PSOE un terreno —políticas sociales, conflicto entre inquilinos y propietarios…— en el que el eje izquierda-derecha le resultaba más favorable que en los debates sobre corrupción, inmigración o gestión.
La legislatura ha estado marcada por varios casos de corrupción que han golpeado de lleno al PSOE. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido, fue condenado en junio por el Tribunal Supremo a 24 años de cárcel por el llamado «caso mascarillas». Su sucesor en ese cargo, Santos Cerdán, pasó casi cinco meses en prisión provisional en otra causa, todavía abierta, por presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública. A ello se suman los procesos que afectan al entorno familiar del presidente: su hermano, David Sánchez, ha sido condenado a una pena de inhabilitación por su contratación en la Diputación de Badajoz, y su esposa, Begoña Gómez, será juzgada por tráfico de influencias y malversación. El Gobierno ha denunciado en ambos casos una persecución judicial.
Por otro lado, el debate público de los últimos meses ha estado marcado por la entrada masiva de migrantes desde Marruecos en Ceuta a finales de julio. La crisis migratoria y diplomática que se abrió se reflejó casi de inmediato en las encuestas, con el PSOE cayendo a mínimos en varios sondeos y Vox consolidando su subida. Así, no es casual que Alberto Núñez Feijóo eligiera precisamente Ceuta como primera parada de su precampaña.
En este contexto, la movilización por la vivienda de finales de septiembre y comienzos de octubre ofreció a Sánchez una oportunidad de llevar el debate a su terreno. La vivienda es uno de los asuntos que más preocupan a los españoles y, a diferencia de la inmigración o la corrupción, es un tema en el que la competición se ordena con claridad a lo largo del eje izquierda-derecha: regulación del alquiler e intervención pública, de un lado; liberalización del mercado y seguridad jurídica para los propietarios, del otro. Además, el voto de Junts permitía al Gobierno presentar la caída de los decretos como un bloqueo de «las derechas».
Si la campaña se centra en la vivienda o los derechos sociales, el PSOE juega en casa; si lo hace en la inmigración, la corrupción o la gestión, el terreno es del PP y de Vox.
La ciencia política tiene un nombre para esta estrategia: la teoría de la propiedad de los temas (issue ownership). De acuerdo con esta teoría, los partidos no compiten tanto por convencer a los votantes de su postura, sino por lograr que la elección gire en torno a los asuntos en los que el electorado los considera más competentes o creíbles. Si la campaña se centra en la vivienda o los derechos sociales, el PSOE juega en casa; si lo hace en la inmigración, la corrupción o la gestión, el terreno es del PP y de Vox.
Sin embargo, la campaña se ha visto alterada por un acontecimiento mucho más reciente y doloroso: el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del 28 de octubre, en el que la colisión de dos trenes de alta velocidad ha dejado al menos 64 fallecidos, apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz. La investigación sobre las causas sigue abierta, pero el siniestro ha devuelto al primer plano el debate sobre el estado de las infraestructuras y la gestión del Ministerio de Transportes, justo cuando el PSOE intentaba fijar la conversación en la vivienda.
La aritmética de estas elecciones
Estas elecciones se parecen más que nunca a una competición entre bloques. Más allá de cuál sea el partido más votado, que, a día de hoy, las encuestas apuntan a que será el PP, la gran pregunta parece ser si este y Vox suman o no los 176 escaños de la mayoría absoluta.
En 2023, la suma de ambos partidos se quedó en 170 (137 del PP y 33 de Vox). Tres años después, la fotografía demoscópica parece haber cambiado.
A un mes de la votación, la práctica totalidad de los sondeos publicados sitúa al PP como primera fuerza, en torno al 30 % de los votos y unos 130 escaños; seguido del PSOE con en torno al 27 % y alrededor de un centenar de diputados; a Vox cerca del 19 %, con más de 60 escaños; el Frente Amplio con menos del 7 % y por debajo de los 10 escaños; mientras que Podemos lograría representación por la mínima y gracias a su acuerdo con ERC. En todos ellos, la suma de PP y Vox supera la mayoría absoluta.
La competición por bloques se ha visto claramente con las listas conjuntas al Senado, que ha ganado foco en estas elecciones. En la Cámara Alta, cada elector marca a tres de los cuatro senadores de su provincia, de modo que el partido más votado suele llevarse tres escaños. Es un sistema que premia la concentración del voto y castiga la división. Con esa lógica, el 17 de octubre el PSOE y las fuerzas situadas a su izquierda, salvo Podemos, registraron una candidatura conjunta en 47 circunscripciones. PP y Vox respondieron, con Vox retirando su candidatura en seis provincias a cambio de incluir candidatos independientes en las listas del PP. En juego está la mayoría de tres quintos, que permite participar en la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y de buena parte del CGPJ. Y también una imagen: ambos bloques concurren como tales, lo que refuerza la lógica de «nosotros contra ellos» de la campaña.
En un sistema electoral como el español, proporcional pero con muchas circunscripciones pequeñas, la división del voto penaliza.
En el Congreso, en cambio, la fragmentación de la izquierda del PSOE sigue presente. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns concurren como Frente Amplio, con Ada Colau como candidata a la Presidencia. Podemos irá por separado en el ámbito estatal y ha cerrado una alianza con ERC en Cataluña que llevará a Gabriel Rufián e Irene Montero a hacer campaña juntos. En un sistema electoral como el español, proporcional pero con muchas circunscripciones pequeñas, la división del voto penaliza. Varias papeletas por debajo del 10 % pueden traducirse en muchos menos escaños que una sola candidatura conjunta.
También importa el comportamiento de los partidos nacionalistas y regionalistas. PNV, EH Bildu, ERC, BNG o Coalición Canaria formaron parte de la investidura de 2023; Junts, que la hizo posible, es ahora el partido que precipitó su final. Si ninguno de los dos bloques alcanza los 176 escaños, sus votos volverían a ser decisivos, aunque las encuestas actuales apuntan a un escenario en el que la derecha no los necesitaría.
¿Qué cabe esperar?
La campaña electoral arrancará oficialmente el 13 de noviembre y se prolongará durante quince días, hasta la jornada de reflexión del 28. A día de hoy, el escenario más probable según las encuestas es una mayoría de PP y Vox en el Congreso. Sin embargo, conviene leer los sondeos con prudencia. En 2023 también anticipaban esa mayoría y la suma se quedó a seis escaños de la mayoría absoluta. Además, buena parte de los trabajos de campo son previos o inmediatamente posteriores a Urda, y el efecto de una tragedia de esa magnitud sobre el voto es difícil de medir inmediatamente.
Más allá del resultado, el 29N permitirá medir al menos tres tendencias. Primero, si el PP puede llegar a La Moncloa y en qué términos negociará con Vox. Después de haber normalizado los gobiernos de coalición en varias comunidades autónomas, con la «prioridad nacional» como eje de todos los acuerdos, cabe esperar que Vox reclame entrar en el Gobierno. Que Feijóo lo acepte o intente gobernar en solitario con apoyos puntuales marcará la próxima legislatura.
Segundo, si la apuesta de Sánchez por un adelanto electoral en clave de vivienda sobrevive a Ceuta, Urda y la corrupción, o si el desgaste acumulado pesa más que la movilización. Y tercero, si las izquierdas alternativas pagan en escaños el precio de su división en el Congreso, aun habiendo sido capaces de unirse al PSOE en el Senado.
Sea cual sea el resultado, el 29 de noviembre no solo decidirá quién gobierna España. También dirá si el ciclo autonómico de 2026 fue un anticipo de lo que estaba por venir o si, como ocurrió en 2023, el electorado decide matizarlo en las elecciones generales.
