La instrumentalización de los flujos migratorios en la frontera de Ceuta es un ejemplo de guerra híbrida donde la «armamentización» de la migración expone cómo la coerción asimétrica y la externalización fronteriza atrapan a la Unión Europea en un chantaje geopolítico donde sus propios compromisos éticos son explotados como palanca de extorsión.
El pasado 30 de julio, la frontera española y europea de Ceuta sufrió una de las mayores quiebras de su historia. Se estima que unas 80.000 personas procedentes de Marruecos entraron de forma irregular y, dos meses después, son 12.000 inmigrantes los que permanecen en la ciudad. Sin embargo, esta no es la primera vez que pasa. Ya en 2021, cuando España acogió al líder del Frente Polisario, rival de Marruecos en la lucha por el Sahara Occidental, estos dejaron pasar de manera deliberada a más de 10.000 inmigrantes.
Por tanto, podemos ver que estos fenómenos no son fruto de la casualidad. Por ese motivo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución el 17 de septiembre en la que insta a Marruecos a que «cumpla sus compromisos y condena la instrumentalización de la inmigración como herramienta de guerra híbrida». Pero entonces, ¿nos ha declarado la guerra Marruecos? ¿Qué significa que nuestro país vecino «instrumentaliza la inmigración»? ¿Cuál es su objetivo final detrás de este tipo de estrategias?
¿Qué es la guerra híbrida?
El concepto de guerra híbrida fue introducido en los estudios internacionales en el siglo XXI para explicar los conflictos que hemos vivido y vivimos en estos últimos años. Como su propio nombre indica, las guerras híbridas son la combinación de los instrumentos militares tradicionales con diferentes estrategias como ataques cibernéticos o campañas de desinformación. Según el autor que acuñó este término, la clave no es solo la variedad de herramientas, sino su aplicación simultánea y coordinada para explotar las vulnerabilidades del adversario sin cruzar el umbral del conflicto armado tradicional.
Las guerras híbridas son la combinación de los instrumentos militares tradicionales con diferentes estrategias como ataques cibernéticos o campañas de desinformación.
Entonces, si un país llena las redes sociales de otro con información falsa con el objetivo de desestabilizar al gobierno de este último, ¿sería esto una declaración de guerra? Según los académicos, esto entraría en una nueva categoría llamada zona gris. Esta sería el espacio al límite de una respuesta militar convencional que los estados aprovechan para seguir intentando imponer sus intereses los unos a los otros. El ejemplo más claro actual es Rusia. Al mismo tiempo que emplea la fuerza en suelo ucraniano, inunda de forma paralela los países europeos con líderes de opinión afines que tienen como resultado que la Unión Europea no se muestre tan unida. Muestra de ello fue la no aprobación del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, vetado por la Hungría de Orbán.
Asimismo, este tipo de acciones son tan populares por otro factor crucial: el coste de la guerra. Como proponen diferentes autores, los Estados después de la Guerra Fría abrazaron lo conocido como la paz liberal. A partir de los años noventa, y debido a la hegemonía de Estados Unidos, el comercio mundial, la globalización y el capitalismo sirvieron de modelo para todos los demás países del mundo. Como resultado, todos los países llegaron a tener una mayor interdependencia económica entre ellos. Por ende, si tenemos en cuenta lo sucedido en Ceuta, España no está interesada en entrar en una guerra abierta con Marruecos a causa del elevado coste económico y social que tendría. Como se puede imaginar, esto incentiva aún más al adversario a seguir explotando esta debilidad con el fin de lograr sus intereses.
¿Qué es la «armamentización» de la migración?
Esta táctica se enmarca dentro de la zona gris descrita en la sección anterior y se refiere a la manipulación o creación deliberada de flujos migratorios para lograr un punto de presión geopolítica sobre otro país. En esta táctica, los migrantes no son enemigos ni objetivos, ya que se trata de personas desplazadas en situaciones extremas y no de efectivos militares. Sin embargo, son empleados como un instrumento por el que el país emisor gana una ventaja asimétrica sobre el país receptor. De esta manera, la efectividad de esta herramienta radica en la capacidad de saturación táctica. Al proyectar un volumen masivo e inasumible de inmigrantes, el agresor busca colapsar la capacidad logística, administrativa y sanitaria del país receptor.
Si tenemos en cuenta lo sucedido en Ceuta, España no está interesada en entrar en una guerra abierta con Marruecos a causa del elevado coste económico y social que tendría.
Además, desde un factor social y psicológico, esta presión demográfica es devastadora para la conciencia popular ciudadana, quienes se pueden sentir desprotegidos y abandonados por el gobierno. En el caso de Ceuta, si tomamos como referencia el dato de entrada de 80.000 inmigrantes, esto es un casi un 100 % de la población ceutí (83.595 habitantes según el INE). Todo ello es caldo de cultivo para un crecimiento de la desafección política y la confianza en las instituciones, que ante tal fenómeno se ven completamente desbordadas. Siguiendo con este caso, hemos sido testigos de cómo esta crisis ha afectado tanto al gobierno nacional y regional, al igual que a la propia Unión Europea, donde se han vivido intensos debates donde se ha llegado a decir que Ceuta y Melilla son «un vestigio del colonialismo europeo».
En última instancia, los países agresores explotan el dilema ético y moral de los Estados receptores, quienes si son defensores de los derechos humanos y el derecho internacional, se ven atrapados. Si volvemos al ejemplo de Ceuta, ¿qué respuesta real tenía España en el momento en el que entran 50.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad? Evidentemente, no va a emplear la fuerza para detenerlas. Y una vez que están dentro, ahora España tiene que hacer frente al incalculable reto humanitario, administrativo y financiero de gestionar su acogida, determinar su situación legal y garantizar sus derechos básicos. En definitiva, la armamentización de la migración, además de saturar las capacidades del Estado receptor, utiliza sus propios valores como palanca de extorsión.
Los migrantes no son enemigos ni objetivos, ya que se trata de personas desplazadas en situaciones extremas y no de efectivos militares. Sin embargo, son empleados como un instrumento por el que el país emisor gana una ventaja asimétrica sobre el país receptor.
El dilema: ¿cómo actuar?
Teniendo en cuenta que el país agredido se encuentra atado de manos por el marco del derecho internacional, solo queda pensar que el país que usa la inmigración como arma sea el mismo que la controle. Dicho de otro modo, que los países con fronteras vulnerables a eventos de inmigración masiva destinen partidas multimillonarias a los propios vecinos que generan el fenómeno para aliviar el flujo migratorio. Esta es la vía por la que ha optado la Unión Europea, que ha enviado cientos de millones de euros a vecinos clave como Marruecos, Turquía o Libia en lo que se conoce como la externalización de las fronteras.
Paradójicamente, este es un incentivo añadido para los países mencionados. Lejos de actuar como un freno definitivo, esta financiación incentiva la negligencia deliberada o el uso periódico del grifo migratorio, pues cuanto mayor es la percepción de amenaza en la frontera, más valioso resulta su papel como muro de contención y mayores son las partidas presupuestarias que pueden exigir a Bruselas. El caso de Turquía es el ejemplo perfecto de esta dinámica. En 2016, en el contexto de la crisis migratoria de inmigrantes sirios en las islas griegas, la UE firmó una declaración conjunta con Erdogan, donde este último recibió 6.000 millones de euros a cambio de la gestión de dichos inmigrantes en un periodo de cinco años (2016-2021). No obstante, Ankara ha usado este acuerdo para seguir explotando la vulnerabilidad de Bruselas, transformando la contención migratoria en una palanca de chantaje político y económico recurrente.
Lejos de actuar como un freno definitivo, esta financiación incentiva la negligencia deliberada o el uso periódico del grifo migratorio, pues cuanto mayor es la percepción de amenaza en la frontera, más valioso resulta su papel.
Ante esto, hay alternativas con pocas probabilidades de éxito. En primer lugar, se plantea ser más estricto con las condicionalidades de fondos de cooperación y desarrollo. Esto supondría que la UE, por ejemplo, estuviese dispuesta a retirar diversas ayudas si se comprobase que el país que las recibe no está siendo efectivo en su gestión. En segundo lugar, también se habla de la comunitarización de la inmigración. Esto quiere decir que los inmigrantes que recibe un país europeo sean repartidos por el resto de Europa con el objetivo de aliviar la saturación administrativa. Por último, desde un punto legislativo, también se proponen excepciones que permitan a los países receptores un mayor margen de maniobra de cara a hacer frente a esta amenaza. Actualmente, ninguna de estas ideas es llevada a la práctica por el arduo coste político y administrativo que conlleva.
Un círculo vicioso
Lo sucedido en Ceuta el pasado julio ha reabierto uno de los mayores dilemas de las relaciones internacionales que, desgraciadamente, no tiene respuesta. Por un lado, el marco ético en referencia a las situaciones de vulnerabilidad extrema de los migrantes es necesario. No obstante, este mismo marco es explotado por los agresores de manera sencilla para lograr imponer sus intereses. Al fin y al cabo, la Unión Europea y los países que la conforman tienen por bandera unos valores que no se pueden permitir olvidar. De esta manera, las fuerzas políticas que proponen un discurso alejado de cuestiones éticas y centrado en la seguridad nacional se ven potenciadas por el miedo generado en la población.
Con todo esto queda claro que las instituciones no están preparadas ni tienen los medios necesarios para hacer frente a las cada vez más comunes guerras híbridas. La zona gris y la característica certeza de que no va a haber consecuencias para el agresor son una de las mayores amenazas a las que nos enfrentamos en la actualidad. Sin bajar al barro, la Unión Europea debe escapar de la dicotomía explicada a lo largo del artículo y abrazar una política exterior que permita defender su territorio sin entrar en guerra. Ahora mismo, esta inacción solo tiene como resultado un círculo vicioso en el que siempre saldremos perdiendo.
Carlos de Francisco Cañón 
Daniel Andrés 
Jorge de Diego Hurtado