El Senado ha sido considerado una institución secundaria dentro del entramado político del país, pero en estas elecciones se ha convertido en uno de los principales campos de batalla entre el PP y el PSOE. La razón no está en su papel legislativo, sino en su capacidad para intervenir en la composición de otras instituciones, como el Tribunal Constitucional.
Si alguno de ustedes ha prestado atención al debate público en los últimos diez años, se habrá dado cuenta de que cuando se hablaba del Senado siempre se repetían los mismos mantras: que necesita ser reformado, que no sirve para nada, que es un gasto de dinero innecesario para la colocación de políticos… incluso que debería ser eliminado del esquema institucional.
Sin embargo, en estos últimos días, la Cámara Alta se ha colado en todas las portadas de los periódicos y ha ocupado diversas columnas y artículos de opinión en los medios generalistas más importantes. Pero ¿por qué de repente el Senado es un tema tan de actualidad?
La clave está en que, a pesar de la creencia de que el Senado no tiene poderes reales o «no sirve para nada», lo cierto es que la cámara juega un papel clave en el entramado institucional: los nombramientos del Tribunal Constitucional. Y es precisamente por eso que los partidos políticos están enredados en una batalla a cara de perro por el control de la olvidada Cámara Alta.
El Senado español, menos poderoso que el de la República, pero importante
Si alguien ha visto alguna vez la saga Star Wars, recordará que Lord Palpatine utiliza el Senado Galáctico para convertirse en dictador y transformar la democrática república en el Imperio. El Senado en España no podría hacer tal cosa, puesto que en materia legislativa sigue subordinado al Congreso de los Diputados. Sin embargo, es la segunda parte de las Cortes Generales y tiene atribuciones importantes.
La Constitución define el Senado de la siguiente forma en su artículo 69.1:
«El Senado es la Cámara de representación territorial».
La dimensión territorial del Senado es clave para entender dos cosas: su predominancia en la política entre el Estado y las comunidades autónomas (CC. AA.) y la forma en la que se compone. La Constitución da forma así a esta realidad:
«69.2: En cada provincia se elegirán cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica».
«69.5: Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa…».
La cámara juega un papel clave en el entramado institucional: los nombramientos del Tribunal Constitucional.
El carácter territorial del Senado determina su sistema de voto. El próximo 29 de noviembre, en cada provincia se elegirán cuatro senadores con la famosa «papeleta sepia», la de tachar cruces. A raíz de esta votación se eligen 208 del total de 266 senadores. La territorialidad, a nivel de composición del Senado, se ve reflejada en dos factores claves: el número de senadores elegidos por provincia, que es igual en todas ellas, y la manera de elegir a los otros 58 senadores. Esos 58 son designados por los parlamentos regionales de forma directa en función de su población total.
Así, la Cámara Alta es, a su vez, la territorial. Y eso se traduce en un papel preponderante en cuestiones de suma importancia. Por ejemplo, el Senado no está subordinado al Congreso a la hora de aprobar reformas constitucionales o firmar tratados internacionales. Pero es que, además, es necesario que el Senado apruebe la senda de gasto, paso previo indispensable para la aprobación de los Presupuestos Generales.
No obstante, el verdadero valor del Senado reside en dos puntos clave: la aplicación del famoso artículo 155 y los nombramientos del Tribunal Constitucional. En el pasado, con la declaración de independencia fracasada en Cataluña, el Senado tuvo su momento de gloria. En ese momento, aplicó el artículo 155, permitiendo al Gobierno central suprimir la autonomía catalana. Sin embargo, esta vez el artículo 155 no es lo que preocupa. Los nombramientos son lo que PP y PSOE codician.
La lucha por el Tribunal Constitucional
La clave del interés por el control de la Cámara Alta es la composición actual del Tribunal Constitucional. Los dos grandes partidos siempre han buscado las mayorías en el Senado para así poder hacer estos nombramientos a su voluntad. Sin embargo, en esta ocasión existía la posibilidad de que el PP se hiciera con una mayoría tan amplia que alcanzase los tres quintos del Senado, permitiéndole hacer los nombramientos de forma directa, sin necesidad de acordarlos con el PSOE. Ante esta posibilidad, la izquierda presentó por sorpresa un acuerdo de coalición en bloque para las elecciones al Senado. El PSOE y toda la izquierda irán conjuntamente en listas bajo la marca «Senado de Progreso» en 43 provincias.
Los dos grandes partidos siempre han buscado las mayorías en el Senado para así poder hacer estos nombramientos a su voluntad.
Este pacto pilló por sorpresa al bloque de la derecha, y sobre todo al PP, que confiaba en que la fragmentación en el voto de la izquierda facilitara sus planes de lograr los tres quintos. Esto les forzó a presentar candidaturas de forma estratégica con Vox, retirándose unos y otros de algunas circunscripciones y con Vox presentando un solo candidato en muchas otras. La pregunta es: ¿por qué esta vez se ha tomado el PSOE tan en serio la carrera por el Senado?
Aquí es donde está el «intríngulis». Durante los últimos años, desde la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del TC, este se ha visto envuelto en numerosas polémicas. Conde-Pumpido ha sido tachado en repetidas ocasiones de ministro 24 por parte de la oposición.
Pumpido fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de Zapatero, y recordemos que ese cargo es nombrado discrecionalmente por el Ejecutivo. Siempre ha sido considerado progresista y próximo al PSOE. Donde reside la polémica es en la forma en la que este tribunal se ha conducido desde que Pumpido se hizo con los mandos. Este nuevo TC ha tomado más protagonismo del habitual durante su presidencia. Mencionaré dos casos: la revisión de la condena de los ERE y la ley de amnistía, los más polémicos.
Durante los últimos años, desde la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del TC, este se ha visto envuelto en numerosas polémicas.
Después de que el Tribunal Supremo anunciara la sentencia de los ERE de Andalucía, los acusados presentaron un recurso de amparo al TC. Esto, en principio, es habitual; se trata del derecho a recurrir que tiene cualquier condenado en nuestro país. Sin embargo, lo que no es habitual que ocurra es que el TC haga una interpretación propia del derecho penal para cambiar el criterio del Tribunal Supremo. Aun así, el TC revisó y rebajó las penas impuestas por el TS.
Y en el caso de la ley de amnistía, esta fue avalada en su totalidad por el TC. El verdadero problema no reside en si se comparte o no el fallo del tribunal, sino en la composición del mismo. Pues no solo Conde-Pumpido es un miembro con manifiesta cercanía al PSOE, sino que hay otros dos magistrados que, sin ninguna sombra de duda, son del PSOE: Juan Carlos Campo, exministro de Sánchez, y Laura Díez, ex alto cargo del Gobierno de Sánchez.
En definitiva, el TC ha empezado a cobrar un valor político mucho más amplio del que pudo tener en el pasado. Esto explicaría por qué los partidos tienen ahora más interés en el control de este tribunal del que pudieran tener en pasadas elecciones.
El Senado, la fortaleza del PP
Esta legislatura nos ha dejado claro que una mayoría absoluta en el Senado es útil para los partidos. Durante esta pasada legislatura, el PP tenía una holgada mayoría absoluta de 144 senadores. Esto le ha servido para hacer desfilar por sus comisiones de investigación a todos los cargos bajo sospecha del PSOE y a los imputados e investigados de los últimos años. Hasta el propio Sánchez o Zapatero se sentaron a responder a sus señorías.
La ventaja con la que cuenta el PP a la hora de controlar el Senado es ser la fuerza más votada. En el sistema que utilizamos para la asignación de escaños en el Senado, normalmente el partido más votado por cada circunscripción se lleva 3 de los 4 senadores. Así, a pesar de que el PP recibió un 34% del voto, se hizo con el 58% de los senadores electos. Si además le sumas que los parlamentos autonómicos son mayoritariamente de derechas en 11 de las 17 comunidades autónomas, la bancada popular llegó a contar con 144 senadores, que le permitieron gobernar a su antojo la cámara.
Sin embargo, el sueño de los tres quintos parece algo inalcanzable ahora mismo. El propio Núñez Feijóo admitía en Onda Cero a Rafa Latorre que su objetivo era asegurar la mayoría absoluta y que alcanzar los tres quintos iba a ser algo complicado de lograr. Lo que es seguro es que el PP hará del descabalgamiento de Pumpido una de sus principales prioridades si logra hacerse con el control de las cámaras y del Gobierno.
Yago Jiménez-Bean 
El Tablero Político