En Andalucía, Vox se juega dos cosas: frenar la sensación de estancamiento y, a la vez, llegar a impedir que el PP revalide su mayoría absoluta.

Andalucía cerrará este 17 de mayo un carrusel de elecciones autonómicas que, por sus pronósticos y resultados, incluso podemos considerarlo un tanto aburrido. Ya fuera en Extremadura, Aragón o Castilla y León, el margen para la sorpresa era estrecho. Todas las quinielas apuntaban a que la suma del Partido Popular y Vox sería una y otra vez imprescindible para poder gobernar, y así ha acabado siendo.
El escenario andaluz, en cambio, llega mucho más abierto. Moreno Bonilla (PP) podría revalidar su mayoría absoluta, pero igual de posible es que acabe dependiendo de Vox. Frente a las comunidades anteriores, donde la suma ya era necesaria y aceptada de antemano, que el PP andaluz dependa de Vox sería un mazazo para un presidente ya acostumbrado a andar solo.
Por todo ello, los comicios andaluces son posiblemente los más importantes para los de Santiago Abascal. Una victoria insuficiente del PP permitiría a Vox reforzar la idea de que, sin ellos, la derecha no gobierna. Sin embargo, la formación de derecha radical llega, como poco, constipada a estos comicios. En Castilla y León los resultados ya fueron peores de lo esperado, pero en la actualidad, tanto encuestas a nivel nacional como autonómico indican que los de Bambú se están frenando. ¿Qué le pasa a Vox?
¿Qué significa «frenazo»?
El primer triunfo electoral de Vox fue justamente en Andalucía, cuando obtuvieron 12 escaños en las elecciones de 2018. En 2022, aunque Moreno Bonilla consiguió su tan querida mayoría absoluta, los de Abascal consiguieron rascar dos diputados más con Maracena Olona.
Para 2026, los resultados tampoco son desagradables: según CENTRA (el conocido como «CIS andaluz»), conseguirían entre 17 y 19 escaños. Sin embargo, en términos porcentuales, Vox obtendría el 14,4 % de los votos, lo que es una mejora muy leve con respecto al 13,47 % de 2022. El enfriamiento es más evidente si se compara con el resto de paradas electorales: en Extremadura, Vox obtuvo el 16,9 %; en Aragón, el 17,84 % y en Castilla y León el 18,92 %. En esta última, además, se llegó a hablar del 20 %.
El partido se enfrenta por tanto a la paradoja de que la comunidad autónoma que le vio nacer es también en la que la formación choca más claramente con un muro electoral. De hecho, el frenazo parece un fenómeno a nivel nacional, dado que las encuestas de carácter estatal marcan una tendencia similar.
Aunque sería precipitado hablar de un derrumbe inminente, sí se percibe cierta desaceleración. A lo sumo, y a la espera de más barómetros, se puede afirmar que el partido ha dejado de crecer. Tras casi un año de constantes subidas, abril fue el primer mes en que el partido perdía en estimación de voto comparado al mes anterior.
Potenciales explicaciones
Son muchas las razones que podrían explicar este cambio de tendencia de Vox y, de hecho, posiblemente sea una combinación de varias. Una de ellas, la más directa, sería afirmar que Vox ha alcanzado su «techo» como tercera fuerza electoral y que le sería imposible engordar su electorado a partir del de otros grupos o nuevos votantes. Sin embargo, los partidos están constantemente adaptando y afinando sus estrategias electorales, por lo que el resultado actual posiblemente se deba a alguno de sus últimos movimientos.
Una de las explicaciones que se ha dado para tratar de comprender el frenazo de Vox son las peleas internas que el partido ha sufrido últimamente (si bien no son las primeras y quién sabe si no serán las últimas). Otra corriente vincula la situación de Vox con la realidad internacional: su vinculación a un Trump cada vez menos comprendido en España o a la caída de uno de sus mayores referentes en Hungría, Viktor Orbán.
Sin embargo, lo más probable es que la situación de Vox responda a una cuestión justamente electoral: los pactos con el Partido Popular, un elemento que no solo tiene implicaciones a nivel nacional, sino que además tendría un impacto particular en Andalucía.
Las elecciones en Extremadura se celebraron en diciembre y las de Aragón, en febrero. Ambos comicios dieron un resultado y prácticamente un «mandato» aritmético: la unión entre PP y Vox era necesaria para gobernar esos territorios. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron hasta pasadas las elecciones en Castilla y León, ya en marzo.
Parte de la ciudadanía ha visto que la formación de gobierno se ha retrasado por intereses electorales, lo que lógicamente ha creado una mala imagen de los partidos llamados a ello. De hecho, para el caso de Extremadura incluso tenemos datos: aunque tres de cada cuatro extremeños creían (y así se hizo) que se iba a formar gobierno, la mayoría de ellos (53,4 %) esperaba y culpaba a Vox del retraso (frente a un 31 % al PP y un 14 % que daba otras razones).
La posibilidad de hacer oposición y tensar la cuerda siempre ha sido una estrategia dulce. La salida en su momento de Vox de los distintos gobiernos autonómicos (cuando además las encuestas no iban bien) les permitió esquivar crisis como la DANA en Valencia o los incendios en Castilla y León. Sin embargo, tras las nuevas elecciones, el marco era distinto y, por tanto, el margen para llevar al límite la situación era mucho menor.
Vox es posible que haya dado una imagen de oportunismo y, en un momento en el que la derecha solo piensa en desbancar a Sánchez, cualquier retraso en la formación de gobiernos es inaceptable. Por otro lado, la entrada de nuevo en los ejecutivos autonómicos no tiene por qué ser negativa para Abascal.
La particularidad andaluza
Los pactos PP-Vox incluso podrían acabar siendo más beneficiosos para los segundos, dado que son una oportunidad de demostrar que, frente al voto útil, los de Abascal consiguen arrancar concesiones y forzar a los populares a medidas que en una cómoda mayoría nunca habrían aceptado.
En Extremadura y Aragón lo que más llamó la atención fue la introducción del concepto de «prioridad nacional», la cual es considerada incluso por los populares como una concesión y una victoria de Vox.
De hecho, la medida es, más allá de su potencial aplicación legal y verdadero impacto, ampliamente apoyada por la ciudadanía, al menos la de derechas. Un 44,2 % de los españoles están a favor de «dar prioridad» a los españoles, a lo que se suma un 19 % extra si se incluye la opción de «mayor arraigo» que el PP ha conseguido colar en los pactos. Por partidos, el 73 % de los de Vox y el 55 % de los del PP defienden la idea. Incluso uno de cada cuatro votantes del PSOE admite que la medida le agrada «mucho» o «bastante».
Sin embargo, pese a que a nivel nacional puede incluso tener un impacto positivo, es posible que los acuerdos acaben siendo perjudiciales para Vox al bajar a Andalucía. Al igual que Madrid supone un caso extremo para el PP por ese «ayusismo» tan a la derecha, Andalucía también lo es por su moderación. Moreno Bonilla es consciente de la tradición socialista de su comunidad autónoma y siempre ha jugado a la centralidad, lo que le ha permitido ir sangrando al PSOE y construir así su mayoría absoluta.
Por esta cultura política tan particular, es muy probable que el acuerdo con Vox le sirva a Moreno Bonilla como alerta de lo que puede ocurrir si los votantes (muchos antiguos socialistas y, por tanto, menos simpatizantes de Vox) se despistan y este no revalida su mayoría absoluta.
De hecho, el candidato del PP ha sido rápido a la hora de criticar el concepto de prioridad nacional, incluso en contra de la opinión oficial de su partido. Por supuesto, la votación se vuelve todavía más importante si se tiene en cuenta que Moreno Bonilla tiene un pie en la mayoría absoluta y otro fuera de ella.
En definitiva, los comicios andaluces son posiblemente los más importantes para Vox. En primer lugar, es la primera vez en la que pueden provocar un cambio electoral (conseguir que el PP pierda una mayoría previa). Sin embargo, todavía más importante es que el partido estaría sufriendo cierto desaceleramiento, que bien podría ser la primera pieza de un efecto dominó.
