En el artículo anterior analizamos la corrupción en España desde una perspectiva institucional amplia, permitiendo tener una visión general de cómo se ha organizado el tablero de juego. Ahora nos centraremos en los actores menos fiables a la hora de hablar de corrupción: los partidos políticos. ¿Qué empuja a los partidos a ser corruptos? ¿Se puede regular?
El partido-cártel y el control de la política con la corrupción
Los partidos son un pilar central del sistema político, tanto simbólica como legalmente, pues están incluidos en el núcleo de nuestra Constitución como los protagonistas democráticos. No se trata de una anomalía, sino algo común en las democracias consolidadas y fundamental para el desarrollo de un sistema democrático. Por ello, es imposible obviarlos en cualquier análisis sobre corrupción.
Sin embargo, los partidos políticos han cambiado con el tiempo, y con ellos su relación con la ciudadanía y la política. Richard S. Katz y Peter Mair detectaron en los años noventa que los partidos políticos habían experimentado una profunda transformación. Poco a poco se habrían convertido en los conocidos como partidos-cártel. Bajo esta visión, los partidos se comportan como oligopolios, expulsando de los parlamentos e instituciones a otras formaciones que trataran de cambiar las reglas. Al mismo tiempo, controlan la elaboración de las leyes, filtrando aquellas que pudieran amenazar su nueva posición. De esta forma, dejaron de ser un medio para que los ciudadanos participaran en la política; ahora acaparaban los cargos públicos y actuaban como una parte más del Estado.
En España un concepto cada vez más común para criticar esta situación es el de “partitocracia”: el gobierno de los partidos y su predominio excesivo en la vida política.
En España un concepto cada vez más común para criticar esta situación es el de “partitocracia”: el gobierno de los partidos y su predominio excesivo en la vida política. Precisamente su uso se popularizó tras el estallido de los grandes casos de corrupción de la década pasada. También ha vuelto a utilizarse tras el choque y acuerdo entre PP y PSOE por el nombramiento de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otras instituciones del Estado. Entre estas instituciones está el Tribunal de Cuentas, que precisamente fiscaliza la economía de los partidos y también se ha visto afectado por sospechas de intromisión y nepotismo. Que el nombramiento de tantos cargos institucionales dependa directamente de los partidos es peligroso, ya que arroja dudas sobre cuánto pueden llegar a depender de estos.
Los partidos españoles: el que se mueve no sale en la foto
Ahora pasemos a ver cómo el contexto español, en comparación con el resto de Europa, permite que la corrupción se extienda dentro y fuera de nuestros partidos sin consecuencias determinantes. Si, como ya hemos visto, de entrada los partidos acaparan bastante poder, en España todavía más.
Por un lado, porque la sociedad civil organizada española es débil. Esto implica que no hay otras organizaciones capaces de hacer de contrapeso a los partidos, apuntalando una posición ya ventajosa de por sí. Por otro lado, por dos grandes cuestiones: la democracia interna y los cargos de confianza.
Empecemos por uno de los temas más complicados: la democracia interna y la selección de candidatos. Es decir, hablamos de cómo los partidos eligen a sus cargos, votan los programas electorales y eligen los grandes principios políticos. En general, existe un dilema sobre si los partidos políticos deben reforzar la participación interna, potenciando la participación de los militantes en las decisiones del partido, o la cohesión y la disciplina. El problema en España es que no se exigen unos mínimos de democracia interna. Para algunos, esto se debe a una mala regulación: en la práctica se trata a los partidos como asociaciones privadas pese a su rol público, cuando deberían funcionar como auténticas “minidemocracias”. Incluso se ha llegado a afirmar que las juntas de vecinos están más reguladas.
No hay más que mirar las tensiones internas de Vox en los últimos años, derivadas del férreo control de la cúpula del partido y de la estrategia de silenciar cualquier crítica. Ejemplos no faltan en todo el espectro político. Podemos y sus conflictos con las secciones territoriales, o su choque con Más Madrid derivado de las luchas internas, a lo que después se unió la disputa con Sumar. El PP ha recibido fuertes críticas tanto por su sistema de selección del líder del partido como por no cumplir con su democracia interna. El fin de Pablo Casado como líder y la llegada de Feijóo sin prácticamente oposición, en pleno contexto de acusaciones de corrupción contra Isabel Díaz Ayuso, también fueron objeto de críticas. El PSOE tampoco se queda atrás; el «quien se mueve no sale en la foto» de Alfonso Guerra, en referencia a quienes discrepaban de la línea oficial del partido, es ya todo un tópico.
Ahora bien, ¿son casos aislados o la norma? Para algunos expertos, esta cuestión es especialmente peligrosa en nuestro caso. Tomando como referencia el análisis de +Democracia, los partidos españoles salen mal parados en comparación con la regulación que existe en países como Alemania o Reino Unido. En general, el informe resalta las graves carencias que existen en los partidos (especialmente en democracia interna), independientemente de las diferencias entre ellos. En la práctica lleva a que el poder se concentre en unos pocos grupos internos de los partidos, abriendo paso a conductas antidemocráticas que dañan especialmente la rendición de cuentas y el control por parte de los miembros del partido. Cuando no se permite que haya debate o control militante, los grupos dominantes evitan cualquier cuestionamiento de sus miembros.
El ejemplo más reciente lo encontramos en el PSOE. Concretamente, en el poder de José Luis Ábalos y Santos Cerdán como secretarios de organización del partido, capaces de tejer una red tanto dentro del mismo como en las instituciones del Estado. La cercanía a Pedro Sánchez y la confianza de los altos mandos impidieron que saltaran las alarmas ante sus maniobras. Todo ello muestra que, como los partidos modernos son partidos-cártel, la corrupción dentro estos se puede trasladar con facilidad a las instituciones.
No hay que olvidar que Koldo fue precisamente asesor de José Luis Ábalos: esta figura tiene muchas sombras.
Otro aspecto importante es la falta de control de los asesores, cuyo uso se aproxima peligrosamente a una forma de clientelismo. No hay que olvidar que Koldo fue precisamente asesor de José Luis Ábalos. Esta figura tiene muchas sombras, como señalan expertos como Rafael Jiménez Asensio. En primer lugar, se consideran legalmente empleados públicos a pesar de desempeñar tareas esencialmente de confianza, políticas y (en la práctica) opacas. En segundo lugar, apenas hay datos sobre qué hacen o cuánto cobran (que sí se exige a otros empleados públicos). A todo ello se le suma que los partidos utilizan todos los medios posibles para no dar ningún detalle de transparencia, como lleva tiempo denunciando Civio.
No obstante, el asesor no es necesariamente un puesto malo. El problema reside en el conocido como patronazgo político. Todo líder necesita el apoyo de su partido y el apoyo de los electores. Para ello, tiene que tener el respaldo de la militancia, que suele hacer el trabajo más duro durante la campaña: carteles, panfletos a pie de calle… Pero también necesita gente con méritos que crea en el proyecto político para implementar el programa electoral y ganar elecciones. De esta forma, se suele buscar un equilibrio entre ambos elementos. Al igual que en cualquier otro trabajo, se necesitan otros aspectos que van más allá de las cualificaciones.
Sin embargo, al mismo tiempo, se han convertido en una forma de crear redes de favores colocando a personal del partido. La política no se profesionaliza, sino que se vuelve clientelar, repartiendo cargos como recompensa por el apoyo prestado, como si fuera un botín. Llegados a este punto, los políticos no persiguen ganar elecciones e implantar un programa político para bien o para mal, sino para extraer recursos y repartirlos con los afines con base en criterios exclusivamente personalistas. Como resultado, lo público deja de verse como algo que pertenece a todos y que debe protegerse, sino como una propiedad privada. Si a los cargos de confianza le sumamos la capacidad para nombrar altos cargos y cargos directivos, tenemos la tormenta perfecta.
El blindaje contra la corrupción: los aforamientos
Finalmente, toda la estructura se refuerza por la desproporcionalidad del número de aforados en España, unos 1.800 políticos. En comparación, otros países europeos lo reservan para miembros del gobierno y otros altos cargos similares, rara vez superando las decenas. Aunque el aforamiento pretendía proteger a los políticos (como institución) de represalias, en la actualidad se ha corrompido al usarse para proteger a la persona y no la institución.
En pocas palabras, permite que los políticos sean juzgados por tribunales superiores en vez del que le corresponde a un ciudadano. Además, en el caso de diputados y senadores, necesitan el permiso de las Cortes o las Asambleas (el llamado suplicatorio). En consecuencia, supone trámites más largos y complejos que los normales y es ahí donde está su ventaja. Si bien no es una causa como tal de la corrupción, la hace más difícil de perseguir.
En Extremadura, Miguel Ángel Gallardo utilizó una maniobra exprés para aforarse, a pesar de haber declarado que no lo haría hasta que terminara la causa de corrupción contra él.
Uno de los casos más destacados fue el de Rita Barberá en el contexto de la corrupción en el PP de Valencia; resistió en el Senado como aforada, incluido un intento de acabar con los aforamientos de forma generalizada. No es difícil encontrar casos recientes de políticos que juegan con el aforamiento para evitar ser condenados por corrupción. En Extremadura, Miguel Ángel Gallardo utilizó una maniobra exprés para aforarse, a pesar de haber declarado que no lo haría hasta que terminara la causa de corrupción contra él. José Luis Ábalos, aunque el PSOE le pidió el acta de diputado, ha mantenido su escaño y con él el aforamiento desde que estalló el caso Koldo. En todos ellos es muy difícil defender que el aforamiento no está siendo usado para intereses personales, con el fin de retrasar el procedimiento normal de la justicia contra la corrupción y protegerse personalmente.
El camino hacia el cambio
En este y el anterior artículo hemos visto algunos de los motivos más importantes que explican la persistencia de la corrupción en España. Que el actual estado de las cosas beneficia a los partidos políticos se ve claramente en las propuestas anticorrupción que han presentado en el último año.
Pocas tocan los aspectos más sensibles, como el nombramiento de altos cargos o la cuestión de los asesores, la reforma de los aforamientos o cambiar la estrategia anticorrupción. Si bien algunas siguen las recomendaciones de organizaciones internacionales como la OCDE, algunas se plantearon hace mucho tiempo. El resto de medidas parecen limitarse a desarrollar las medidas ya existentes, cuando es posible que el sistema político español no necesite más reglas ni organismos, sino abordar cuestiones muy sensibles, pero estratégicas.
Finalmente, la conclusión que se puede sacar de ambos artículos no es que los partidos políticos sean un mal a erradicar, sino que han acumulado demasiado poder. En consecuencia, al igual que hubo que desconcentrar los poderes del Estado, también hay que desconcentrar el poder de los partidos políticos.
Daniel Andrés 
Yago Jiménez Bean 
Alejandro Hernández
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