El Gobierno ha comenzado a través de los presupuestos generales una estrategia para adelantar las elecciones en un contexto más favorable. La oposición también ha asumido que España podría votar antes de mayo de 2027.
Durante las últimas semanas, y previsiblemente en los próximos meses, la política española girará alrededor de una única pregunta: ¿cuándo se celebrarán las elecciones generales? La prerrogativa del adelanto electoral es una de las bazas más poderosas del Ejecutivo. Esto, sumado al contexto judicial del Partido Socialista, en el que se van sucediendo sentencias e investigaciones en su contra, y a la ruptura clara entre los socios de investidura —auspiciada precisamente por los casos de corrupción en el seno del PSOE—, eleva la cuestión electoral sobre el resto.
Pedro Sánchez, que ya jugó la carta del adelanto en 2023 con un resultado positivo, enfrenta ahora un escenario todavía más complejo y volátil, pero sobre el que ya ha comenzado a desplegar una estrategia más o menos clara. El inesperado acelerón en la propuesta de unos presupuestos generales da la pista definitiva de que Moncloa no agotará la legislatura. Sobre el papel, el Gobierno de coalición podría dilatar la convocatoria de elecciones hasta el 22 de agosto de 2027. Sin embargo, hoy son pocos los que piensan que Sánchez vaya a aguantar tantos meses sin pulsar el botón rojo.
El inesperado acelerón en la propuesta de unos presupuestos generales da la pista definitiva de que Moncloa no agotará la legislatura.
En este punto, merece la pena preguntarse qué indica que la propuesta de unas cuentas estatales vaya a desencadenar una convocatoria electoral. La primera respuesta está en la calculadora parlamentaria: Moncloa sabe que es prácticamente imposible diseñar unas cuentas que hagan que socios como Junts, PNV o Podemos voten favorablemente. Y recordemos que los necesita a todos. En consecuencia, el fin último de presentar unas cuentas no sería tanto intentar aprobarlas como controlar el relato político durante semanas (o meses) y, además, presentar un proyecto intencionalmente ambicioso para que votar «no» sea costoso. Los presupuestos actuarían como un auténtico (pre)programa electoral que desplegaría todos los medios del Ejecutivo para perseguir un objetivo común. Al mismo tiempo, el rechazo en la cámara baja daría al Gobierno la excusa ideal para la convocatoria, que es un aspecto más que relevante.
«Gobernar hasta 2027»
Después de ocho años, hemos aprendido que a Sánchez hay que saber escucharle. En los últimos meses, el presidente del Gobierno y sus principales altavoces han insistido en que el Gobierno continuará… hasta 2027 («y más allá», ha afirmado recientemente). Es decir, cuando se pone como fecha límite el próximo año, en realidad, no se está negando que vaya a producirse un adelanto electoral, sino que se advierte que, como pronto, se producirá a partir de enero de ese año. Y, muy probablemente, será antes del 23 de mayo. ¿Por qué? Porque ese domingo se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas.
Si en 2023 el manual de resistencia trazó su ruta electoral para después de estos comicios locales, en 2027 todo apunta a lo contrario. Hace cuatro años, la estrategia de adelanto electoral volvió a tener una justificación política: el fracaso socialista (y, más ampliamente, de la izquierda) en las municipales, así como una motivación estratégica: fijar las elecciones en un período incómodo para la conformación de los gobiernos de coalición entre PP y Vox. Una vez más, la historia no se repite, pero rima. Sánchez sabe que PP y Vox no van a tener tantos problemas para entenderse como en el pasado, porque han aprendido de sus errores y porque hoy día sus programas son más parecidos. Además, todavía puede sacar alguna ventaja en caso de que surjan problemas en algunas de las plazas en las que azules y verdes están comenzando nuevos gobiernos. Y será necesario prestar especial atención a Andalucía.
Huelga decir que el Ejecutivo no tiene ningún tipo de incentivo para convocar las generales a la vez que las municipales y las autonómicas. Si las pistas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía no han sido suficientes, un adelanto relativamente tardío perdería el efecto de los presupuestos y, al mismo tiempo, degradaría todavía más al Gobierno.
En contra de lo que pueda parecer, los adelantos estratégicos no suelen estar acompañados de un castigo electoral. Mucho menos si manejamos la hipótesis de que sí habría un argumento político (el fracaso presupuestario) como premisa. Crear una coyuntura favorable con el calendario no es sencillo: recordemos que, antes de Sánchez, Emmanuel Macron falló estrepitosamente con un plan similar y el efecto mariposa puede sentar a la derecha radical en el Elíseo. La literatura académica explica que lo más importante a este respecto es el grado de «oportunismo» que detecta el electorado; de ahí la relevancia de hacer (y perder) los presupuestos.
El Ejecutivo no tiene ningún tipo de incentivo para convocar las generales a la vez que las municipales y las autonómicas.
Asimismo, hay que recordar que la legislatura está completamente encallada. El PNV insiste por activa y por pasiva en que, si los presupuestos fracasan, se tiene que ir a las urnas, pero los nacionalistas vascos no son todo lo agresivos que les gustaría ser porque siguen dependiendo del PSE-EE en la Lehendakaritza. Algo así le sucede a Esquerra Republicana: Rufián desplaza sus líneas rojas con la corrupción socialista, muestra crispación y se pregunta: «¿Gobernar para qué?», pero es difícil imaginarse que cualquiera de estos partidos vaya a moverse activamente para forzar el adelanto. Y en medio de este batiburrillo, Sumar continúa una lucha (bastante silenciosa, por cierto) para ver quiénes serán los encargados de terminar de dirigir los últimos botes salvavidas del Titanic.
El papel de PP y Vox en los próximos meses
Si prácticamente no se ha mencionado a la oposición hasta este punto, es por una simple razón: está atada de pies y manos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no está dispuesto a usar la bala de plata de la moción de censura sin tener la certeza absoluta de que la ganaría. Pero ese escenario no existe porque Junts no está, todavía, en ese momento. Este camino ya se está allanando desde Génova, pues insisten en que el procés es una cosa del pasado y que 2017 y 2026 tienen poco que ver. Sin embargo, no se verá a Feijóo investido tras una moción contra Sánchez con los votos de PP, Vox y Junts. Y sin esta posibilidad, lo cierto es que la oposición está muy limitada.
Eso no significa que las derechas no tengan nada que hacer, o que se encuentren en una posición incómoda. Ni mucho menos. Su trabajo ahora se centrará en continuar desangrando al Gobierno a medida que las sentencias judiciales y las investigaciones sobre el expresidente Zapatero prosigan su curso natural. Al mismo tiempo, tratarán de cuidar las formas de los pactos, por lo que será determinante ver cuánta estabilidad tiene Juanma Moreno Bonilla en una Junta que se sostiene con votos de Vox. La otra fórmula —el gobierno de coalición «clásico»— la tienen más entrenada, por lo que Andalucía importa tanto por lo novedoso como por ser una plaza fundamental de cara a las generales. El miedo a Vox en el Ejecutivo va a seguir siendo una de las principales bazas de la izquierda y cualquier movimiento en falso puede ser especialmente costoso —aunque esto se aplica a todas las CC. AA. donde gobiernan las derechas—.
Por todos estos motivos, lo más probable es que España vuelva a ir a unas elecciones generales en algún momento entre febrero y marzo de 2027. Tras la construcción y caída de los presupuestos y con cierto margen respecto de las municipales y las autonómicas. O, al menos, esa parece ser la idea que tienen a día de hoy tanto el Gobierno como la oposición. Si algo nos ha enseñado esta atípica legislatura es que pueden ocurrir muchas cosas, pero, desde hoy, si nos hablan de «presupuestos», debemos empezar a pensar en «elecciones».
Abel Gómez Arévalo