Los centros de datos han conseguido unir a demócratas y republicanos en torno a moratorias para frenar temporalmente nuevos proyectos debido a los posibles peligros. En España, las inversiones multimillonarias en el sector no están siendo acompañadas por un debate público proporcional al nivel de los riesgos.
Los centros de datos son una infraestructura fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, el conocimiento de su impacto, el debate público a su alrededor y la actuación de los gobiernos no son siempre los mismos. En España, identificada por las grandes tecnológicas como uno de los países idóneos en los que desarrollar este tipo de infraestructuras, no existe un debate acorde con el que se mantiene en Estados Unidos.
Desde Nueva York hasta California, pasando especialmente por el Medio Oeste, el debate sobre los centros de datos es intensísimo. No es para menos: según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), un centro de datos orientado a IA puede consumir tanta electricidad como 100.000 hogares. Además, algunos de los más grandes —que se están construyendo en estos momentos— podrían multiplicar por veinte esa cifra.
La expansión de la IA está convirtiendo así una infraestructura hasta hace poco relativamente invisible en un problema material. Los centros de datos representaron alrededor del 1,5 % del consumo eléctrico mundial en 2024, unos 415 TWh, y la IEA calcula que llegarán a unos 945 TWh en 2030, algo más que todo el consumo eléctrico actual de Japón. Estados Unidos concentra ya el 45 % de ese consumo, frente al 15 % de Europa.
Un centro de datos orientado a inteligencia artificial puede consumir tanta electricidad como 100.000 hogares. Algunos de los más grandes podrían multiplicar por veinte esa cifra.
Antes de entrar de lleno en el debate político, merece la pena detenerse brevemente a explicar qué son exactamente estos grandes edificios que empiezan a aparecer a los lados de algunas autovías españolas.
De qué hablamos cuando hablamos de un centro de datos
Un centro de datos es, básicamente, una instalación que concentra servidores y equipos informáticos destinados a almacenar, procesar y transmitir información. Los centros ya existían antes de la IA, pero esta ha cambiado por completo su escala: entrenar grandes modelos y atender millones de peticiones requiere enormes cantidades de capacidad de cálculo, para lo que empresas como Meta, Microsoft o Amazon agrupan miles de chips especializados —sobre todo GPU— en grandes instalaciones.
Sostener esta infraestructura requiere (mucha) electricidad. También fibra óptica, sistemas de refrigeración, baterías, generadores y suelo. Y, entre otras incomodidades, generan muchísimo ruido. El agua ha concentrado parte de las críticas al sector, aunque su consumo depende enormemente del sistema de refrigeración y, de hecho, los diseños que combinan circuitos cerrados con refrigeración seca pueden reducirlo de manera drástica. La electricidad, en cambio, es difícilmente sustituible: cuantos más chips trabajan, mayor es la demanda energética.
Un centro de datos es, básicamente, una instalación que concentra servidores y equipos informáticos destinados a almacenar, procesar y transmitir información.
A ello se añade un problema de tiempos. La demanda informática está creciendo mucho más deprisa que las redes que deben abastecerla. Construir una nueva línea de transporte eléctrico puede requerir entre cuatro y ocho años en las economías avanzadas. La propia IEA advierte de que este crecimiento puede entrar en conflicto con otros objetivos, como la electrificación, el desarrollo industrial o mantener una electricidad asequible.
El país más adelantado
De acuerdo con Cleanview, Estados Unidos alberga 1.301 centros de datos en funcionamiento y cuenta con 2.059 más planeados. Su expansión ha generado una reacción pública más que considerable. Una encuesta de Gallup publicada en abril encontró que el 71 % de los estadounidenses se opondría a la construcción de un centro de datos en su zona. Es un rechazo superior incluso al suscitado por una central nuclear, que alcanzaba el 53%. La oposición es transversal entre demócratas, republicanos e independientes, aunque es más intensa entre los primeros.
Otra encuesta, de Ipsos y Reuters, encontró algo parecido en junio: solo un 33 % consideraba positivo construir centros de datos a gran velocidad y un 57 % afirmaba que se opondría a que uno se estableciese en su comunidad. También aquí la oposición atraviesa las divisiones partidistas.
El 71 % de los estadounidenses se opondría a la construcción de un centro de datos en su zona. Es un rechazo superior incluso al suscitado por una central nuclear.
Entonces, ¿qué hace que una parte tan importante de la población los rechace? Entre los principales motivos aparecen el consumo de recursos y la factura de la luz. Los centros necesitan enormes cantidades de energía y, en determinadas zonas, obligan a ampliar subestaciones, líneas eléctricas y capacidad de generación. De ahí ha nacido una preocupación creciente sobre qué parte del coste sufragan las grandes tecnológicas y cuál acaba repercutiendo en el conjunto de consumidores.
Como explica la periodista y colaboradora de The Atlantic Jasmine Sun en el pódcast de Ezra Klein, la oposición a estos centros ha reunido a actores que pocas veces comparten campaña: organizaciones ecologistas, agricultores y propietarios rurales, progresistas contrarios a los incentivos a las grandes tecnológicas y conservadores preocupados por el territorio, la autonomía municipal o las facturas eléctricas.
La consecuencia más llamativa, y a la que no se presta nada de atención en España, han sido las moratorias. Al menos quince estados han estudiado o estudian fórmulas para detener temporalmente la autorización de nuevos proyectos y Nueva York se convirtió este verano en el primero en aplicar una moratoria estatal. Más que prohibir centros de datos, se plantea dejar de aprobarlos temporalmente mientras se decide qué condiciones deben cumplir. En otras palabras: la velocidad de la inversión ha superado con creces la de la regulación.
España aprueba centros de datos sin mirar al otro lado del Atlántico
Antes de la llegada de la IA, los centros de datos españoles se concentraron principalmente en las grandes áreas metropolitanas, especialmente Madrid y Barcelona. Pero en los últimos años la geografía está cambiando: los grandes proyectos necesitan cada vez más potencia y espacio, y la disponibilidad de electricidad comienza a pesar tanto o más que la proximidad a los principales núcleos económicos.
Esto introduce una diferencia interesante respecto a Estados Unidos. Allí, parte del conflicto tiene lugar en comunidades rurales o territorios que llevan décadas intentando compensar la pérdida de empleos industriales. Los centros llegan acompañados de la conocida promesa de inversión, revitalización y puestos de trabajo.
Aunque el sector también se ha presentado como una posible solución para los territorios de la «España vaciada», lo cierto es que los primeros centros instalados en España han orbitado alrededor de las grandes áreas económicas. Ahora, la siguiente oleada sí que empieza a extenderse hacia otros territorios. Aragón —a la que su presidente proyecta como «la Virginia europea»— es el caso más evidente. Sin embargo, como se ve en el mapa, los centros siguen concentrados en áreas como Madrid, Barcelona, Valencia o País Vasco.
Detengámonos un momento en la experiencia aragonesa. Un informe del Consejo Económico y Social de la comunidad estima que, si todos los centros previstos llegaran a funcionar, podrían consumir entre 21 y 28 TWh de electricidad al año. Todo Aragón consumió 11 TWh en 2024. Son previsiones sujetas a una enorme incertidumbre —una parte de los proyectos probablemente nunca llegará a construirse—, pero muestran la escala de la transformación que se está planificando.
Aunque el sector también se ha presentado como una posible solución para los territorios de la «España vaciada», lo cierto es que los primeros centros instalados en España han orbitado alrededor de las grandes áreas económicas.
Una oposición todavía local
En España, la oposición a estos proyectos existe, pero es más bien de ámbito local. Por ejemplo, en Villamayor de Gállego (Zaragoza) se ha organizado una movilización contra un proyecto de Azora previsto en unas 80 hectáreas. En Aragón también se han presentado alegaciones a distintos proyectos y el debate sobre su consumo eléctrico, su impacto territorial y los beneficios para los municipios ha empezado a emerger.
También ha aparecido la palabra que domina parte de la discusión estadounidense. Zaragoza en Común presentó este año una moción para establecer una «moratoria inmediata» en nuevas licencias y autorizaciones para macroproyectos renovables y centros de datos. Sin embargo, son todavía conflictos fundamentalmente locales. No existe una conversación pública nacional comparable a la estadounidense sobre cuántos centros necesita España, dónde deben instalarse o qué contrapartidas deben exigírseles. Y eso beneficia a la patronal del sector.
Hasta la fecha, la única encuesta disponible en la que se pregunta por los centros de datos es la elaborada por la patronal en 2025. La Asociación Española de Centros de Datos, cuya directora ejecutiva es la exdirigente de Ciudadanos Begoña Villacís, realizó un cuestionario trabajado para dar una imagen positiva del sector. El resultado más difundido fue que el 73 % de los españoles «ve un futuro positivo» para los centros de datos, una formulación que dice poco sobre si esos mismos ciudadanos aceptarían uno en su municipio. La encuesta recoge además que solo un 27 % había «visto, leído u oído» información reciente sobre ellos.
Que no se discuta tanto este tema no significa que las administraciones no hayan empezado a tomar medidas, aunque puede que no vayan en la dirección esperada. El Gobierno aprobó el pasado 25 de agosto la tramitación urgente de un real decreto específico para los centros de datos, que establecerá requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental. Es decir, la respuesta elegida por el Ejecutivo no pasa por frenar la llegada de nuevos proyectos hasta saber más de su impacto real, sino por intentar controlarlos, como ya ocurrió en EE. UU.
El resultado más difundido fue que el 73 % de los españoles «ve un futuro positivo» para los centros de datos, una formulación que dice poco sobre si esos mismos ciudadanos aceptarían uno en su municipio.
El debate sigue centrado principalmente en la capacidad de atraer inversiones y en los beneficios económicos asociados a ellas, pese a que la experiencia estadounidense muestra que esas ganancias no son automáticas ni está garantizado que los beneficios se redistribuyan allí donde se instalan.
La dimensión de los proyectos previstos hace difícil pensar que esta situación vaya a mantenerse indefinidamente. Si una parte relevante de las inversiones termina materializándose, cuestiones que hasta ahora han quedado en un segundo plano —el consumo eléctrico, la utilización del territorio, las infraestructuras necesarias o los beneficios que reciben los municipios— adquirirán mayor importancia.
Si para algo sirve la experiencia estadounidense es para entender que esta discusión no va solo de cuestiones tecnológicas o de si se está a favor o en contra de la IA. Estas infraestructuras repercuten directamente en la vida de las personas y se ha registrado incluso un rechazo superior al que suscita tener una central nuclear cerca. Hasta ahora, la labor de los lobbies ha podido ayudar a detener una conversación que, tarde o temprano, deberá alcanzar una dimensión nacional.
Alejandro Hernández 
Daniel Andrés 
Iván Sánchez Marañón