La compra de voluntades políticas mediante promesas, contraprestaciones materiales o, directamente, dinero es una práctica mucho más extendida de lo que sería deseable.
El pasado 4 de septiembre de 2026, Donald Trump anunció en un acto del Partido Republicano que, si su formación ganaba las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, cada adulto estadounidense recibiría un pago de 5.000 dólares. La medida, presentada como un «dividendo» para los ciudadanos, fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, pero también con escepticismo por parte de analistas y rivales políticos. Según la BBC, el coste de esta promesa superaría los 1,3 billones de dólares, una cifra que plantea serias dudas sobre su viabilidad económica y legal. Trump no detalló cómo se financiaría, aunque su vicepresidente, J. D. Vance, vinculó la idea a los ingresos obtenidos por los aranceles impuestos a productos extranjeros.
Esta práctica no es nueva. A lo largo de la historia, la compra de votos —ya sea mediante dinero, otras promesas económicas o beneficios sociales— ha sido una herramienta recurrente en campañas electorales, especialmente en periodos de crisis o polarización. Desde el clientelismo del siglo XIX hasta las promesas populistas contemporáneas, el objetivo es el mismo: ganar apoyo rápido a cambio de beneficios inmediatos, aunque su cumplimiento sea incierto o ilegal. Este artículo muestra cinco ejemplos históricos que ilustran cómo esta práctica se ha repetido a lo largo del tiempo.
50 pesetas
Durante la Restauración borbónica (1874-1931), el sistema político español se basó en el turnismo pacífico entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esta alternancia perfecta se lograba mediante prácticas fraudulentas como el «pucherazo». La compra de votos era una práctica habitual. Según el historiador Imanol Villa, en 1891, en Balmaseda (Vizcaya), la pugna electoral entre José María Martínez de la Rivas y Víctor Chávarri llegó a agotar las reservas de los bancos locales por el dinero invertido en sobornos. El precio de un voto podía alcanzar 50 pesetas (el salario de tres semanas de un obrero), como denunció el político Francisco Gascue Murga en 1904: «Se compran votos como se compran cerdos o carneros, bien al detalle o al por mayor». Además, se recurría a tácticas como inscribir a personas de otros municipios o votar en nombre de difuntos, como revelaba Valentín Almirall en su obra España tal cual es (1886). Estas prácticas, aunque denunciadas, persistieron hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.
A lo largo de la historia, la compra de votos —ya sea mediante dinero, otras promesas económicas o beneficios sociales— ha sido una herramienta recurrente en campañas electorales, especialmente en periodos de crisis o polarización.
Estas actividades, sin embargo, eran generalizadas: en las elecciones presidenciales de 1888 en Estados Unidos, el candidato republicano Benjamin Harrison designó a William Wade Dudley como tesorero de su campaña. Dudley envió cartas a líderes locales en Indiana con instrucciones detalladas para repartir dinero a votantes. Pese a que los demócratas descubrieron la trama y la publicaron en la prensa, Harrison ganó Indiana por solo 2.000 votos, lo que sugiere que la compra de votos pudo ser decisiva.
Un «cheque bebé»
Por otro lado, ya en la actualidad, la frontera entre una política pública legítima y una promesa oportunista no es tan clara. Aunque no es un fenómeno equivalente al anterior, existen multitud de casos en los que los partidos políticos realizan promesas económicas bajo acusaciones de electoralismo. De hecho, no pocas veces estas medidas se llevan a cabo poco antes de las elecciones, lo que eleva las sospechas.
En 2007, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero implementó el llamado «cheque bebé»: se trataba de una ayuda de 500 euros para las familias por cada nacimiento o adopción, con el objetivo de incentivar la natalidad española. La medida, presentada como universal, se convirtió en un arma electoral en las elecciones generales de 2008, pero su impacto fue efímero. La crisis económica de 2008 obligó a su supresión en 2010, demostrando la fragilidad de las promesas vinculadas a coyunturas económicas favorables.
El Partido Popular, con Mariano Rajoy, intentó replicar la fórmula en 2015 con el «cheque familia», ampliando las ayudas a hogares monoparentales y familias numerosas, pero la medida también quedó lastrada por la falta de sostenibilidad. Eso no impediría a gobiernos regionales crear sus propios cheques bebé, como las «Tarxetas Benvida» bajo la Xunta de Alberto Núñez Feijóo en 2016 o el «cheque-bebé» de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid en 2021.
Existen multitud de casos en los que los partidos políticos realizan promesas económicas bajo acusaciones de electoralismo. De hecho, no pocas veces estas medidas se llevan a cabo poco antes de las elecciones, lo que eleva las sospechas.
Esta medida no se circunscribe solamente a España. En octubre de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la Asignación Universal por Hijo (AUH), un subsidio de 180 pesos mensuales (unos 47 dólares en ese momento) por cada hijo menor de 18 años o con discapacidad, dirigido a familias desocupadas, trabajadoras informales o con ingresos bajos. La medida se lanzó pocos meses después de una derrota electoral, en un país cuya situación económica sigue condicionando profundamente la competición política.
Una renta ciudadana o un bono energético
El resto de Europa contemporánea tampoco se libra de este tipo de prácticas. En las elecciones generales de Italia de 2018, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) hizo del «Reddito di Cittadinanza» (Renta de Ciudadanía) su promesa estrella. El programa prometía 780 euros mensuales para personas solas y hasta 1.638 euros para familias con dos hijos, con un coste estimado de 15.000 a 20.000 millones de euros anuales.
El líder del M5S, Luigi Di Maio, lo describió como un acto de justicia para los «invisibles» de la sociedad italiana. Sin embargo, críticos señalaron que el programa tenía un afán electoralista, especialmente tras la derrota del M5S en elecciones posteriores, lo que sugiere que su diseño respondía más a una estrategia de captación de votos que a una política de Estado sostenible.
Nuestro país vecino también ha entrado en este juego. En 2021, el gobierno de Emmanuel Macron anunció un cheque energético de 100 euros para 38 millones de franceses (más de la mitad de la población) con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales, como respuesta al alza de los precios de la energía. La medida, que se implementó automáticamente sin necesidad de trámites, buscaba apaciguar el descontento social, especialmente tras las protestas de los chalecos amarillos.
En 2022, Macron amplió el programa para incluir a 700.000 hogares más, extendiendo el cheque a familias con facturas elevadas de electricidad, gas o gasóleo para calefacción. Esta promesa, anunciada en año electoral, formaba parte de un paquete de ayudas de 20.000 millones de euros para proteger el poder adquisitivo, que incluía también blindar los precios de la luz y el gas (con un coste de 14.000 millones de euros para limitar su subida al 4 % en 2022).
Dinero en mano, comida o un puesto de trabajo
Con todo, hay veces en que las promesas no han bastado. En Melilla, por ejemplo, la compra de votos ha sido una práctica recurrente. En 2022, la policía descubrió que más de la mitad de los 11.700 votos por correo registrados habían sido acaparados por redes organizadas, con un desembolso superior al millón de euros. Las tácticas incluían pagos en efectivo, vales de comida o promesas de empleo. En algunos casos, se llegaba a falsificar la identidad de votantes fallecidos para incrementar el número de votos.
Un año antes, en la localidad italiana de Triggiano, el alcalde Antonio Donatelli se aseguró su reelección gracias a un acuerdo con el líder del partido «Sur al Centro», Alessandro Cataldo, por el que se pagaban 50 euros por cada voto. La trama fue destapada por los carabineros tras encontrar en un contenedor de basura documentos fiscales, fotocopias de DNI de votantes y otros documentos que demostraban el sistema de compra de votos. Según la investigación judicial, el mecanismo consistía en pagar a los electores después de votar. Además, se ofrecían bonos de compra, puestos de trabajo o el pago de facturas de gas, luz y teléfono a cambio del voto.
En 2022, la policía descubrió que más de la mitad de los 11.700 votos por correo registrados en Melilla habían sido acaparados por redes organizadas, con un desembolso superior al millón de euros.
En las elecciones presidenciales de México de 2018, la Fiscalía interceptó un camión que transportaba 20 millones de pesos (874.000 euros) en efectivo hacia la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según investigaciones, este dinero se destinaba a comprar votos en varias regiones del país. El precio por voto variaba: desde 500 pesos (20 euros) en estados como Tamaulipas hasta 10.000 pesos (500 euros) en Ciudad de México o Jalisco. Además de dinero, se ofrecían tarjetas para despensas, materiales de construcción o licencias de uso del suelo.
El peligro de las promesas populistas
Promesas como la de Trump o el resto de ejemplos compartidos siguen un mismo patrón: prometen beneficios inmediatos a cambio del voto, pero su viabilidad suele ser cuestionable. El principal riesgo es que estas medidas, aunque puedan ser populares en el corto plazo, pueden generar dependencia, distorsionar las prioridades económicas y, en muchos casos, resultar insostenibles. Por otro lado, su puesta en práctica puede minar la confianza en las instituciones y alimentar el cinismo ciudadano.
El populismo, en su forma más pura, simplifica problemas complejos y ofrece soluciones mágicas, pero la realidad suele ser más tozuda. Los líderes populistas tienden a empeorar la vida de los ciudadanos que dicen salvar, porque sus políticas, aunque atractivas en el discurso, suelen carecer de rigor técnico y visión de futuro. La historia demuestra que, cuando el dinero o los recursos se agotan, las promesas se convierten en deudas, y los ciudadanos pagan el precio.
Jorge de Diego Hurtado 
acercandro