23 de junio de 2023. Desde esa noche electoral en la que el Congreso de los Diputados quedó configurado, en realidad, pocas cosas han cambiado. Por no decir que ninguna. Al menos en lo que se refiere a las condiciones del Gobierno y las mayorías parlamentarias. Sin embargo, a pesar de esta aparente inmutabilidad, en esta etapa, que ya supera los dos años, se han escrito montañas de artículos sobre cuándo o cómo se llegaría a unas nuevas elecciones.
La última entrega en esta saga es la ruptura de Junts con el Gobierno. Una frase bastante extraña, no solo porque parezca que es la vigésima vez que, de alguna forma, los de Puigdemont rompen con Pedro Sánchez, sino porque en realidad nunca han estado “con el Gobierno”.
La dinámica que imperaba hasta ahora era la de negociar ley por ley, de tal manera que Junts daba por buena la legislación que o bien le fuese favorable o bien asegurase un pack de futuras concesiones para Cataluña. Ahora esto se ha roto porque “no van a apoyar ninguna ley más”, sin importar a qué negociación se llegue —salvo cuatro que ya están en tramitación parlamentaria—.
Nada importa salvo dos cosas: la vuelta de Carles Puigdemont a España y la competencia de Junts con Aliança Catalana
Como digo, no hay nada más detrás de la lógica que opera en las Cortes. No hablamos de presupuestos generales, imputaciones a exministros, la familia del presidente o qué dicen las encuestas. Nada importa salvo dos cosas: la vuelta de Carles Puigdemont a España y la competencia de Junts con Aliança Catalana. Las elecciones se juegan en el Tribunal Supremo y en el valle de Arán.
La única —o la principal— razón por la que la ruptura de Junts no activa a una mayoría de derechas que tumbe al Gobierno mediante una moción de censura es esta. Nos podemos dar cuenta de esto escuchando a la propia Míriam Nogueras. La portavoz de los posconvergentes en el Congreso ha explicado por qué han decidido, ahora sí que sí, romper todas las relaciones con Ferraz. Atención: “Ha pasado una semana desde que anunciamos el punto y final a la colaboración con el Gobierno y Pedro Sánchez no ha comparecido para explicar cómo gobernará sin la mayoría parlamentaria”.
Como se dice hoy en día, Junts está “pidiendo casito”. No se sabe si al Gobierno, a todos los catalanes o quizás solo a los que votan a Aliança Catalana.
El mayor error de Junts
Más allá del factor Puigdemont, en Junts llevan ya varios meses mirando por el retrovisor. Una tal Silvia Orriols les está pasando por la derecha —nunca mejor dicho—. Su precaución es máxima, pues saben que puede estar en juego la supervivencia de un partido. En estos momentos, lo único que los diferencia de Aliança es el hecho de que ellos —Junts— han pactado con Pedro Sánchez y Aliança no. Puigdemont, Nogueras y Jordi Turrull han dado la orden de virar a la derecha para competir con el nativismo de Aliança, pero no son conscientes del error que cometen.
Basta con ver las encuestas: la mayoría de los catalanes aprueba la gestión del Gobierno de coalición. Por poner en contexto, en noviembre de 2022 la desaprobación alcanzaba el 60%. Si no bastara con esto, las bases de Junts se consideran más cercanas a partidos como ERC, PSOE o Sumar que a PP o Vox. Todo son datos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).
Durante estos dos años no se ha definido un rumbo claro entre ser una derecha pragmática que consigue arrancar al Gobierno central mejoras para Cataluña o ser una derecha rupturista que plantea volver a poner la independencia y la identidad catalana sobre la mesa. Han intentado las dos cosas y se han quedado a medias, como una puerta entreabierta: ni dejan entrar ni permiten salir.
Así las cosas, alguien se podría llegar a preguntar por qué Puigdemont es una “línea roja” junto al catalán en la UE o las competencias de inmigración para Cataluña. Estas tres han sido las demandas de Nogueras para volver a sentarse en la mesa de negociación con los socialistas.
Sobre Puigdemont, es evidente que para Junts, el exilio ya es un capítulo amortizado. La vuelta fugaz a Barcelona fue el colofón a una historia que ya no da más de sí. Los mítines en Perpiñán solo movilizan a los cuadros del partido y no generan interés. En cambio, con el liderazgo de Puigdemont presente, el escenario puede ser distinto. Quizá es complejo explicar esto desde Madrid, pero la lógica de la política catalana se entiende de otra forma si el líder del procés vuelve a casa. Especialmente en el caso de que haya unas elecciones a la vista.
Por otra parte, tanto la demanda del catalán en la UE como la exigencia de las competencias migratorias responden al juego de “y yo más” con Aliança. El que se pueda hablar catalán en Europa es una proyección identitaria y, al igual que con las competencias fronterizas, se argumenta con un pensamiento nativista. El mismo ideario que lleva a que Podemos —con más o menos razones— bloquee la cesión de competencias de una “ley racista” (Ione Belarra dixit).
En consecuencia, el desbloqueo pasaría por el regreso de Puigdemont para articular un nuevo Junts y por dos concesiones del Gobierno central a la competencia interna de la derecha catalana. Lo más curioso es que, en realidad, el PSOE poco tiene que hacer aquí. Ni puede presionar más en Europa por el catalán—además que algunos socios están molestos con Sánchez por sus jugadas en la OTAN—, ni puede saltarse a Podemos para aprobar la cesión de competencias migratorias. Y por supuesto, tampoco puede presionar a los jueces para que apliquen la amnistía. Aunque esto no hace falta explicarlo, porque Nogueras lo sabe perfectamente.
Con este escenario, volvemos al punto de partida. Solo habrá elecciones tras la aplicación total de la amnistía o hasta que la corrupción salpique directamente a Sánchez o la financiación del PSOE. Esta línea roja, que evidentemente no se expresó el 23J porque nadie cree que haya que mencionarla, es también interesante. Sencillamente porque pone de manifiesto el otro marco mental que lleva funcionando incluso antes del 2023: el miedo a un Gobierno de Vox.
En condiciones normales, cualquier partido a la izquierda de los socialistas estaría muy incómodo con el hecho de que no se puedan aprobar unos presupuestos. O con que no haya una mayoría que sea económicamente de izquierdas en el Congreso. Sin embargo, nada de eso vale porque el precio para volver a las urnas es poder darle a Santiago Abascal un asiento en el Consejo de Ministros.
Esas dos ideas, que en realidad se podían haber planteado aquella noche de junio, demuestran que a pesar de que parezca que han pasado diez años desde entonces, en realidad, seguimos igual.
Abel Gómez Arévalo 
Yago Jiménez Bean