El cambio de color de la imagen institucional de la Generalitat Valenciana de forma unilateral es percibido como una apropiación de la identidad de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, hay toda una serie de antecedentes.
Este mes de abril, mientras todo el mundo miraba al estrecho de Ormuz y la campaña de las elecciones andaluzas, la Generalitat Valenciana protagonizó un cambio histórico en su identidad visual: el abandono del rojo corporativo, presente desde 1984, en favor del azul Pantone 293C, denominado «azul senyera».
Este giro, impulsado por el gobierno de Carlos Mazón y consolidado bajo Juanfran Pérez Llorca, ha generado un intenso debate social y político. El rojo, vinculado tradicionalmente a la identidad valenciana y al escudo de Pere el Cerimoniós, había sido el color dominante en la imagen institucional durante más de cuatro décadas.
La decisión, tomada sin consulta pública y con una justificación técnica y simbólica muy cuestionada, ha sido interpretada por algunos como un intento de alinear la imagen institucional con el Partido Popular, cuyo color es el azul. El cambio, que afecta a logos, tarjetas sanitarias, señalización y soportes digitales, marca un antes y un después en la comunicación visual de la administración autonómica, planteando preguntas sobre la legitimidad y el impacto de modificar símbolos tan arraigados.
Imagen, marca y rebranding
Antes de seguir con la polémica del cambio, hay que comprender que una marca corporativa es un conjunto de elementos visuales, verbales y conceptuales que identifican y diferencian a una organización en el mercado o sociedad. Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, su función principal es distinguir productos o servicios de otros similares, así como identificar su origen empresarial. Por ello, la marca no solo incluye el logotipo o el nombre, sino también los valores, la misión, la tipografía, la paleta cromática y la personalidad que transmite.
El rebranding —o cambio de marca, que es el caso que nos atañe— es el proceso de actualizar estos elementos para adaptarse a nuevas estrategias, mercados o percepciones. Puede responder a necesidades como la modernización, la expansión de la oferta, la corrección de una imagen negativa o la alineación con tendencias globales.
Modificar una marca consolidada conlleva riesgos. El reconocimiento y la memoria colectiva asociados a una identidad visual pueden verse afectados, generando rechazo o confusión.
Sin embargo, modificar una marca consolidada conlleva riesgos. El reconocimiento y la memoria colectiva asociados a una identidad visual pueden verse afectados, generando rechazo o confusión. Un cambio mal planificado puede dañar la reputación y el valor de la marca. Por ello, es muy importante que el proceso sea transparente, participativo y alineado con la esencia de la organización.
En el caso de las instituciones públicas, como la Generalitat, la marca trasciende lo comercial: se convierte en un símbolo de identidad colectiva, por lo que su modificación debe considerar no solo criterios técnicos, sino también históricos, culturales y sociales.
De dónde viene el rojo y por qué se cambia al azul
La identidad visual de la Generalitat Valenciana tiene sus raíces en 1984, cuando el colectivo de diseñadores La Nave (integrado por Nacho Lavernia, Daniel Nebot y Paco Bascuñán) creó un logotipo basado en el blasón medieval de Pere el Cerimoniós, con el dragón alado (drac alat) sobre la corona real y el escudo.
Este diseño, que adoptó el rojo Pantone 186C como color corporativo, se mantuvo inalterable durante cuarenta años, resistiendo cambios de gobierno y tendencias gráficas. En 2018, con motivo del 600 aniversario de la institución, se simplificaron los elementos heráldicos y se incorporó la tipografía Neutraface, pero el rojo siguió siendo el protagonista.
La decisión se tomó sin un proceso participativo y generó controversia por su posible connotación política, al coincidir con el color del Partido Popular.
El cambio más radical ha llegado con el último rebranding, que introdujo el azul Pantone 293C como color prioritario, relegando el rojo a un plano secundario. Este nuevo color, bautizado como «Azul Senyera», se justificó como una forma de «evitar la dispersión gráfica», «garantizar el respeto a la pluralidad lingüística y cultural» y «modernizar la imagen institucional». Sin embargo, la decisión se tomó sin un proceso participativo y generó controversia por su posible connotación política, al coincidir con el color del Partido Popular.
Este cambio del rojo al azul en la identidad de la Generalitat ha sido uno de los temas más controvertidos de 2026. Críticos, como los propios creadores del logo original, denuncian que la decisión carece de justificación histórica o social y pone en riesgo una identidad colectiva construida durante décadas. El rojo, presente en la heráldica valenciana desde la Edad Media, no tenía una vinculación partidista, sino que simbolizaba la tradición y la continuidad institucional. Su sustitución por el azul, sin un debate público, ha sido interpretada como un acto de apropiación política, especialmente al coincidir con el color del PP.
Además, el coste económico del cambio —que afecta a señalización, papelería, tarjetas sanitarias y soportes digitales— ha sido cuestionado. Se estima que la implantación del nuevo color podría suponer un gasto millonario para las arcas públicas. La polémica se agrava al no existir una explicación clara sobre los beneficios concretos del cambio, más allá de argumentos genéricos sobre «modernización» o «flexibilidad».
¿Hay otras apropiaciones? La evidencia de Donald Trump
En 2026, el presidente Donald Trump ha llevado la apropiación de símbolos públicos a un nivel sin precedentes, convirtiendo su imagen en un elemento omnipresente en billetes, monedas, pasaportes y hasta edificios federales.
Esta estrategia busca confundir la figura presidencial con el Estado mismo, transformando símbolos colectivos en herramientas de su marca personal.
Su firma aparecerá en los nuevos billetes de dólar, y su rostro ha sido incluido en pasaportes conmemorativos junto a la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense. Además, el histórico Centro Kennedy de Washington fue rebautizado como «Centro Donald J. Trump y John F. Kennedy», y su nombre ha sido añadido a programas públicos y monumentos. Esta estrategia busca confundir la figura presidencial con el Estado mismo, transformando símbolos colectivos en herramientas de su marca personal.
Críticos señalan que este uso masivo de la imagen presidencial en bienes públicos erosiona la neutralidad institucional y refuerza una narrativa de poder centralizado, donde lo público y lo partidista se entrelazan de manera preocupante.
El clásico del Frente Nacional francés
En Francia, la bandera tricolor ha sido tradicionalmente un símbolo de la República y la unidad nacional. Sin embargo, en los últimos años, el partido de extrema derecha Rassemblement National (antes Front National), liderado por Marine Le Pen, ha intentado apropiarse de este símbolo para normalizar su discurso y presentarse como defensores de la «verdadera Francia». Le Pen ha utilizado la bandera en sus actos, buscando desvincularse de la imagen de extrema derecha y asociarse a valores republicanos, como la laicidad o la seguridad. En ese afán de apropiarse de los símbolos nacionales, ha llegado a utilizar a Juana de Arco en sus campañas electorales.
Esta estrategia ha generado polémica, ya que muchos ven en ella un intento de blanquear su imagen y de apropiarse de un símbolo que históricamente ha representado la diversidad y la inclusión. El debate en Francia refleja cómo la extrema derecha europea busca redefinir símbolos nacionales para legitimar su proyecto político.
La contrapartida: la CDU de Angela Merkel y el mismo Partido Popular
Sin embargo, también podemos encontrar movimientos que van justamente en sentido contrario. En Alemania, la canciller Angela Merkel evitó deliberadamente portar la bandera nacional en sus mítines durante la campaña electoral de 2019, para así prevenir que el símbolo fuera asociado exclusivamente a su partido, la CDU, o a una ideología concreta. Merkel priorizó la neutralidad institucional sobre el beneficio partidista, reconociendo que la bandera debía representar a toda la ciudadanía.
Irónicamente, el caso más reciente lo presenta el propio Partido Popular. El partido de Alberto Núñez Feijóo llevó a cabo en 2023 un rediseño de su logotipo, eliminando elementos históricos como la bandera española y la palabra «populares», optando por un diseño minimalista en azul con las siglas «PP» en mayúsculas y un corazón que integra los colores de la bandera. Este cambio, justificado como una forma de transmitir modernidad y «dimensión institucional», fue interpretado por algunos como un intento de distanciarse de su imagen tradicional y reposicionar la marca ante una ciudadanía crítica.
No es un mero cambio de color
El cambio de imagen corporativa de la Generalitat Valenciana, del rojo al azul, es un ejemplo paradigmático de cómo la modificación de símbolos institucionales puede trascender lo estético para convertirse en un debate político, social y cultural. La decisión, tomada sin un proceso participativo y con una justificación técnica muy cuestionada, ha generado polémica por su posible motivación partidista y por el riesgo de diluir una identidad colectiva construida durante décadas.
¿Quién tiene legitimidad para modificar símbolos institucionales? ¿Cómo se garantiza que estos cambios reflejen los valores de la ciudadanía y no intereses partidistas?
En el ámbito público, donde los símbolos representan a toda una comunidad, la transparencia, la participación y el respeto por la historia son claves. El caso de la Generalitat plantea preguntas fundamentales: ¿Quién tiene legitimidad para modificar símbolos institucionales? ¿Cómo se garantiza que estos cambios reflejen los valores de la ciudadanía y no intereses partidistas? La respuesta, como demuestran los casos analizados, pasa por procesos inclusivos, explicaciones claras y un profundo respeto por el legado histórico.
En definitiva, el rebranding es una cuestión de diseño, pero también tiene una parte importante de gobernanza y comunicación. La Generalitat Valenciana, al igual que otras instituciones, enfrenta el reto de modernizarse sin perder su esencia, recordando que los símbolos no son propiedad de los gobiernos, sino de la sociedad a la que representan.
Abel Gómez Arévalo 
Jorge de Diego Hurtado