Suiza vota este domingo si limita su población a 10 millones antes de 2050, en un referéndum clave sobre inmigración, relación con la UE y servicios públicos.
Suiza es conocida mundialmente por su neutralidad política en grandes conflictos o por su opaco sector bancario, pero también por sus referéndums. Desde su fundación como Estado confederal en 1848, el país ha celebrado más de 700 sobre diversos temas. Este domingo, los suizos acudirán de nuevo a las urnas para pronunciarse sobre un asunto vital: imponer un límite poblacional.
Qué se vota exactamente
La población debe posicionarse a favor o en contra de que el Estado impida que el país supere los 10 millones de habitantes antes de 2050 (según los pronósticos, Suiza alcanzará esta cifra en 2041). En la actualidad, Suiza tiene una población de 9,1 millones, de los cuales el 27 % son extranjeros (de estos, el 67 % son europeos).
De aprobarse la reforma, el Gobierno federal estaría obligado a actuar en el momento en el que la población llegue a los 9,5 millones (algo previsto en 2031). En tal caso, se endurecerían las normas de asilo (aunque, del total de inmigrantes en el país, solo el 12 % son refugiados), reunificación familiar y residencia permanente. Los expertos ya adelantan que estas medidas tendrían un impacto muy bajo. Por ello, el siguiente paso sería anular el tratado de libre circulación de personas con la Unión Europea (en caso de llegar finalmente a los 10 millones).
La iniciativa fue rechazada por el Gobierno suizo, pero más de 114.000 ciudadanos se adhirieron a la misma, lo que permite organizar un referéndum.
El referéndum ha sido organizado a propuesta del Partido Popular de Suiza (SVP), el más numeroso en el Parlamento (con una representación de en torno al 30 %), conocido por su discurso antimigratorio y reacio a estrechar lazos con la UE. La iniciativa fue rechazada por el Gobierno suizo (el SVP es parte del Gobierno, pero no el único), pero más de 114.000 ciudadanos se adhirieron a la misma, lo que permite organizar un referéndum.
La propuesta no gira únicamente en torno a la inmigración (uno de los debates políticos más importantes a nivel mundial), sino también sobre la relación entre Suiza y la UE. Si bien el país no es parte de la UE, la inmigración hacia Suiza se basa principalmente en la entrada de ciudadanos comunitarios (dado el acuerdo de libre circulación) y de trabajadores cualificados.
El argumento principal del SVP es que la inmigración lleva a la saturación de los servicios sociales y de la infraestructura pública del país, además de elevar el coste de la vivienda. El partido también menciona la criminalidad y violencia, defendiendo que sería posible reducir la delincuencia limitando la inmigración. Incluso argumentan que controlar la inmigración sería positivo para la protección del medio ambiente.
Mientras, el resto de partidos (generalmente en contra de la propuesta) advierten de que el país es económicamente dependiente de la fuerza migratoria (los inmigrantes son el 35 % de la fuerza laboral y normalmente de alta cualificación), además del riesgo de quedarse aislados de la UE, su socio más importante. Por último, Suiza también tiene una tasa de fecundidad muy baja (de 1,3 hijos por mujer), la cual podría empeorar en caso de aprobarse una reforma como esta.
¿Y qué pasará?
Al igual que los partidos, la ciudadanía también está dividida en torno a la propuesta. La mayoría de sondeos indican que será una votación muy reñida. Más allá de esto, cada encuesta parece ofrecer una imagen distinta.
La encuestadora Leewas sugiere que el rechazo a la propuesta vencería al “No” con un 52 % (frente a un 47 %). Sin embargo, la encuesta de GFS Bern indica una tendencia distinta; en abril habría un empate perfecto (47 % tanto a favor como en contra), pero el “Sí” vencería ahora con el 52 %.
En caso de aprobarse, Suiza se convertiría en el primer país en establecer un límite demográfico. Lo más cercano en términos históricos han sido los límites impuestos en China con su política del hijo único (vigente entre 1979 y 2015) o la campaña de “Alto a dos” de Singapur en 1970.
Sería el Consejo Federal el encargado de plasmar de una u otra forma lo decidido por los ciudadanos.
Sin embargo, no está del todo claro cómo podría implementarse esta política. La propuesta solo incluye las directrices genéricas que hemos comentado (endurecer ciertas vías migratorias, restringir la posibilidad de libre circulación con la UE…), pero sería el Consejo Federal el encargado de plasmar de una u otra forma lo decidido por los ciudadanos.
De hecho, ante votaciones polémicas, la práctica habitual ha sido mitigar el impacto económico desde el Gobierno gracias a «implementaciones pragmáticas», como en 2014 (cuando, de hecho, se aprobó por la mínima actuar sobre la inmigración masiva).
El impacto de aprobar una iniciativa así puede ser fatal, poniendo en riesgo las relaciones con la comunidad política.
Una posibilidad sería lanzar un nuevo referéndum en el que ya se preguntara a los ciudadanos sobre cuestiones más específicas, para tratar de aclarar qué quieren estos o al menos tratar de modificar el resultado. Sin embargo, esto podría llevar años. De todas formas, incluso teniendo en cuenta que el Gobierno tiene cierto margen, las implicaciones pueden ser enormes. Teniendo en cuenta que en 2027/28 se volverá a votar sobre nuevos acuerdos con la UE, el impacto de aprobar una iniciativa así puede ser fatal, poniendo en riesgo las relaciones con la comunidad política, varios acuerdos bilaterales e incluso el acceso que tiene el país al mercado único de la Unión.
Alejandro Hernández 
Felipe Galli